Se había filtrado a algunos medios y hace pocos días se reconoció en público. El Gobierno se está planteando una la congelación del sueldo de los funcionarios en 2021, lo que incluiría a los sanitarios públicos, tal y como comentaron hace unos días la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque todavía no hay nada decidido, los sindicatos ya han plasmado sus críticas de forma pública al no entender esta decisión.
El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez pasaría así de haber abanderado la recuperación de derechos laborales a retomar las políticas de austeridad que han predominado en la última década. Entre la aprobación de la última subida salarial a los trabajadores públicos y esta filtración de Moncloa han pasado siete meses.
La última subida salarial a los sanitarios públicos fue del 2%, hace tan solo 7 meses, pero la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas ponen en jaque estas políticas
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de enero el decreto ley que recoge el incremento en un 2% de las retribuciones a los empleados públicos, entre ellos los sanitarios.
En enero,
Esta subida salarial se pactó entre los sindicatos y el Gobierno de Mariano Rajoy en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de los empleados públicos en 2018 y cuyas medidas se aplicaron de manera sucesiva en 2018 y 2019 por gobiernos del PP y del PSOE.
Si bien, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no la aprobó hasta que superó la investidura y dejó de estar en funciones. A este incremento podría sumarse otro del 0,3% de fondos adicionales en los próximos meses, aunque la pandemia de coronavirus ha casi sentenciado esta última medida, según señalan a este diario fuentes sindicales.
Ahora, el Gobierno podría recurrir a un 'tijeretazo' en el poder adquisitivo de los sanitarios públicos, congelando sus retribuciones, debido a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19.
EL GOBIERNO NO LO DESCARTA
El pasado jueves, tras la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró en una rueda de prensa en el Congreso, que un escenario de recesión económica obligue a congelar los sueldos públicos para el próximo año, "le corresponde a Función Pública explorar todos los escenarios".
"Exploraremos todos los escenarios y, cuando se tenga tomada una decisión así lo comunicaremos", señaló Montero, que además resaltó que los sueldos públicos han sido actualizados por encima del IPC.
María Jesus Montero: "Exploraremos todos los escenarios y, cuando se tenga tomada una decisión así lo comunicaremos"
"El país se enfrenta a una situación muy complicada" y por ello debe "estudiar todas las alternativas". "Los recursos son limitados y estamos trabajando, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial está trabajando en ese entorno, viendo todas las posibilidades posibles", indicó.
Montero explicó que la crisis económica ha provocado una caída de los ingresos tributarios, reduciendo la capacidad de recaudación de las administraciones públicas, por ello, bajo su punto de vista serán necesarios "algunos ajustes fiscales" en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Por su parte, Nada Calviño tampoco descarta esta congelación salarial: "Todo esto tendremos que tenerlo en cuenta", afirmó la vicepresidenta económica y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la COPE.
CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CCOO) han manifestado su rechazo a una congelación salarial de los empleados públicos, también de los profesionales sanitarios.
"Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda. Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato", señalan en un comunicado desde CSIF.
El sindicato ha recordado que el colectivo de empleados públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus, "en los peores momentos de la pandemia" y "sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la Educación, la Sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades".
CSIF y CCOO ya han mostrado su rechazo ante esta medida y recuerdan que los sanitarios públicos llevan perdiendo poder adquisitivo desde 2010
CSIF ha explicado además que los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo que exigirán un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
Por su parte, CCOO exige "respeto institucional" y abrir de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como una "negociación real" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 y rechaza la congelación salarial de los empleados públicos.
Para el Área Pública de CCOO, es imprescindible la negociación del III Acuerdo, en el que las retribuciones, el empleo y las políticas de igualdad y prevención son "materias irrenunciables". "Los empleados públicos han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecen el desprecio del Gobierno".