Los profesionales sanitarios andaluces no están dispuestos a que el Gobierno central ratifique la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas semanales, algo que tendrá que comunicar en cinco días al Tribunal Constitucional, según el escrito que ha trasladado el Alto Tribunal al Ejecutivo.
Así, tanto los sindicatos CSIF como UGT han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que “rectifique en su decisión de volver a atacar a los empleados públicos andaluces, escuche a la calle y deje hablar a los tribunales sin ejecutar las medidas cautelares antes de certificar su enésimo ataque a los empleados públicos”.
Según la Junta de Andalucía, la vuelta a las 35 horas permitió contratar a más de 3.000 sanitarios y los presupuestos de 2018 contemplarán las partidas para mantener la misma jornada laboral de los empleados públicos
Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz ya se ha posicionado en varias ocasiones en contra de la suspensión de esta jornada laboral, que la Junta implantó hace unos meses pero que luego fue recurrida al Constitucional por el Gobierno, quien insta a mantener la jornada laboral de 37,5 horas semanales que marca un Real Decreto de 2012. En el caso de la Enfermería, por su parte, el sindicato Satse ha convocado numerosas concentraciones a lo largo de esta semana a las puertas de centros sanitarios de diversas provincias.
PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO DE RAJOY
Aunque el Constitucional admitió ya en el mes de julio el recurso del Gobierno y estableció la suspensión cautelar de la medida (la misma situación ya había ocurrido previamente en Castilla-La Mancha), la Junta no ha revertido de momento las 35 horas, cuya aplicación permitió contratar a más de 3.000 sanitarios y, según señaló este martes el portavoz del Gobierno autonómico, Juan Carlos Blanco, los presupuestos para 2018, contemplan “las partidas necesarias, como en este año también, para que la plantilla de funcionarios siga organizándose en función de las 35 horas”.
Ahora, los sindicatos exigen a los representantes del Partido Popular en Andalucía que presionen al Ejecutivo central para que levante la suspensión cautelar de esta jornada y se posicione “a favor de los derechos de los empleados públicos andaluces” y no vuelva a atacar “sus derechos ni a provocar el aumento del desempleo andaluz en más de ocho mil personas”, según indica CSIF en un comunicado.