Ante los últimos casos de agresiones a profesionales sanitarios por parte de pacientes o familiares, la Asociación de Médicos Interinos de Galicia (ASMIG) insta a la Xunta autonómica a que, además de las sanciones económicas, “a los que agreden, insultan o coaccionan en el ámbito sanitario”, les sea retirado por un periodo variable el derecho a la asistencia sanitaria en grado progresivo, “atendiendo a circunstancias como la gravedad de los hechos o la reincidencia en los mismos”.

Los médicos proponen que quienes fueran suspendidos de sus derechos sanitarios puedan seguir disfrutando de prestaciones básicas, como prescripción farmacéutica, ILT o asistencia de urgencia

En ese sentido, informan en un comunicado, se considera proporcional que una persona que agrede con sus actos a todo el sistema sanitario público sea privada de su cobertura temporal. Pese a ello ello, “quienes fueran suspendidos de sus derechos sanitarios podrían seguir disfrutando de prestaciones básicas, como prescripción farmacéutica, ILT o asistencia de urgencia”.

Y es que, según explican los profesionales, en los últimos meses se han multiplicado los episodios de violencia contra profesionales “de forma alarmante”, sin que la empresa de salud pública gallega haya adoptado medida alguna para proteger la integridad física y psicológica de sus trabajadores.

NORMATIVA SIN CUMPLIR

Como recuerda el colectivo de médicos, la Ley de Salud de Galicia de 2008 establece sanciones económicas que van desde 15.000 a 600.000 euros para casos de resistencia, coacción, amenaza, represalia, o cualquier otra forma de presión ejercida “sobre las autoridades sanitarias o sus agentes”.

Si bien, según ASMIG, hasta ahora no se conoce ningún caso donde se hayan establecido estas sanciones. “Como suele suceder en estos casos, la Xunta de Galicia dispone de un instrumento administrativo eficaz que permitiría cortar de raíz la violencia sanitaria, pero no lo usa. Esta Ley es papel mojado, ya que todas las conductas de agresiones contra médicos y enfermeros son derivadas a la vía penal, mucho más condescendiente con los agresores”, indican los médicos interinos.

Por ello, no sólo proponen que se cumpla esta normativa, sino que además se plantee la posibilidad  de que se quite la cobertura sanitaria a los pacientes violentos o reincidentes ante “esta terrible epidemia social de la que son víctimas quienes dedican su vida laboral a velar por la salud de los pacientes”.