La transferencia de la sanidad penitenciaria, actualmente dependiente del Ministerio de Interior, hacia las comunidades autónomas, sigue sin avanzar, pese al compromiso formal que hizo el Gobierno hace ya ocho meses.

Los últimos profesionales en recordar la necesidad de transferir estas competencias hacia el sistema sanitario de cada autonomía ha sido el Consejo Gallego de Colegios de Médicos, que ha expresado su apoyo a la reivindicación que el colectivo de médicos de sanidad penitenciaria está planteando a todos los Gobiernos autonómicos para que gestionen con Interior estas transferencias.

La transferencia de la sanidad penitenciaria fue aprobada por unanimidad en el Senado en octubre de 2016 y en la Comisión de Interior del Parlamento en diciembre del 2016

Y es que, la situación actual supone un incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de Mayo del 2003, que ordenaba la trasferencia de la Sanidad Penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de Salud Autonómicas. Esta misma transferencia fue aprobada por unanimidad en el Senado en octubre de 2016, y en la Comisión de Interior del Parlamento en diciembre del 2016.  Además, en el caso de Galicia, fue debatido y aprobado en mayo del 2015 en el Parlamento de Galicia.

Desde entonces, como explicaba a Consalud.es Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), se han hecho muy pocos avances en esta materia y el Ministerio de Sanidad tampoco ha llevado el asunto al Consejo Interterritorial de Sanidad.

Por ello, los facultativos exigen una mayor celeridad a la hora de transferir estas competencias, puesto que, en las prisiones, “tanto los medios como las condiciones profesionales y la organización asistencial de la que disponen, son muy distintas a las de los sistemas públicos de salud y determinan una falta de equidad para los pacientes a los que ellos atienden”.

Como ejemplo del peligro que puede suponer estas diferencias, el sindicato UGT de Valencia ya alertaba de que un médico de prisiones puede desconocer qué patologías tiene un preso que acaba de ingresar en la cárcel y, a la inversa, un médico de la sanidad pública desconocerá que  antecedentes infecciosos y con tratamientos, podría tener un preso que acaba de salir en libertad, puesto que las historias clínicas de la sanidad penitenciaria y de los servicios públicos de salud no son compatibles.