El Plan Presupuestario para 2018 remitido esta semana por el Gobierno a Bruselas establece una congelación del aumento salarial para los empleados públicos, incluidos los sanitarios.

De esta forma, en su apartado de “impacto presupuestario esperado de las medidas de gasto e ingreso adoptadas y previstas por Estado y Empleo”, el Gobierno cifra que el aumento salarial del 1% decretado para el año 2017 tendrá un impacto de 1.203 millones de euros. Si bien, no estipula ninguna cifra concreta para el año 2018, ni para el 2019, algo que no ocurre, sin embargo, con otras partidas.

Además, en el conjunto de las administraciones públicas, el informe remitido por Hacienda, reduce el gasto en personal en 0,4 décimas, pasando de suponer un 10,6% del PIB a suponer un 10,2%.

CSIF rechaza el supuesto de congelación salarial y exige al Ministerio de Hacienda una “explicación urgente”

Desde el sindicato CSIF han rechazado este supuesto de congelación salarial, ya que entienden que la negociación de los salarios públicos está todavía abierta, después de que el Gobierno aplazara la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. En este sentido, el sindicato reclama una explicación urgente al Ministerio de Hacienda, “ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, que esperan una aclaración”, indica el sindicato en un comunicado.

La última oferta del Gobierno fue un incremento del 1,5% en los salarios más un 0,25 por ciento adicional en el caso de que se cumplan las previsiones de crecimiento económico. Si además, el PIB crece medio punto más de lo pronosticado por el Gobierno, esta parte variable podría subir un 0,25% más hasta el 0,5% en 2018.

MENOS DE UN 6% DEL PIB EN SANIDAD

Junto a la congelación salarial, el informe del Gobierno se prevé un crecimiento del PIB real del 2,3% para 2018, lo que supone una desaceleración de ocho décimas respecto al de 2017. “La desaceleración refleja la moderación del ciclo económico, que recogen las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, pero también una ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña”, señala el informe.

Esta desaceleración, sin embargo, también afecta a la Sanidad, a la que el Gobierno tiene previsto dedicar un 5,8% del PIB, frente a un 6% en 2017. Así, el gasto sanitario supondrá un 14,4% del gasto total del Estado.