La obligación de la exclusividad laboral de los profesionales sanitarios con la sanidad pública históricamente ha sido respaldada con un complemento retributivo mensual. Sin embargo, desde hace ya varias años los departamentos sanitarios de los gobiernos autonómicos decidieron prescindir de este 'plus salarial' a petición de los sanitarios. Esto permitió que aquellos que quisiesen, en su horas libres, pudiese trabajar en el ámbito de la sanidad privada, pudiendo incrementar su salario.
El inicio de este proceso de eliminación del complemento de exclusividad comenzó a generar desigualdades retributivas entre los distintos facultativos, ya que en función de la comunidad autónoma en donde se trabaje se tiene opción o no a ejercer también en centros o consultas privadas.
Andalucía, Galicia o Asturias, son las únicas comunidades autónomas en mantenerlo. Los médicos de estos servicios públicos de salud reciben mensualmente un pago exclusivo, de unos 700 euros, por el mero hecho de no trabajar, paralelamente, en centros privados.
Los sanitarios llegan a cobrar unos 700 euros mensuales por la dedicación exclusiva
El secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), Antonio Matador Gutiérrez, denuncia que esta situación provoca que haya diferencias salariales entre unos profesionales sanitarios y otros que llegan a alcanzar los 900 euros mensuales. Haciendo la misma labor y la misma jornada.
"Casi todas las comunidades autónomas lo han corregido. Quedan Andalucía, Asturias y Galicia y en Andalucía, el Gobierno de la Junta está apunto de suprimirlo", explica el líder del sindicato.
Matador Gutiérrez asegura que plantearán a la equipo del consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, revisar esta cuestión pese a ser un "tema tabú" en la administración del Principado. Asturias fue la única comunidad autónoma de España en donde la exclusividad ha sido obligatoria por ley. "El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2012 la ley del Principado de 2003 que limitaba la renuncia a la exclusividad, y el Gobierno asturiano presentó un proyecto de ley que pretendía sortear el fallo del Constitucional limitando a cargos intermedios la imposibilidad de renunciar a ese complemento. Algo que no salió adelante porque no contó con suficientes apoyos parlamentarios", explica el sindicalista.
Antonio Matador incide en que debatir esta cuestión "es una decisión importante a la hora de atraer médicos o para que no se marchen".