El escaso avance en las transferencia de la sanidad penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas (trasvase que fue aprobado por unanimidad en el Senado en octubre de 2016) puede tener consecuencias negativas, no sólo para los profesionales sanitarios o los propios presos de las cárceles, sino  para la salud pública en general.

Así lo denuncia el sindicato UGT de Valencia, donde señalan ejemplos claros de lo que ocurre en prisiones como la de Picassent, una de las más grandes de España. En el caso de los hijos de madres encarceladas,  señala un portavoz del sindicato a Consalud.es, desde el centro penitenciario se les administra las vacunas pertinentes durante sus primeros años. Sin embargo, al cumplir los tres años de edad, los niños no pueden seguir con su madre en la cárcel, por lo que tienen que salir de la misma.

“Entonces nos encontramos que, al no compartir la historia clínica no se puede informar de la situación de las vacunas de este niño a la Sanidad Pública”. Esto genera el riego de que sea vacunado dos veces para una misma patología, con el prejuicio para la salud del niño que ello conllevaría.

Los niños que viven con madres encarceladas reciben las vacunas en el centro penitenciario pero, cuando salen a los tres años, no hay modo de informar al sistema sanitario de las vacunas que se les han administrado

Y es que, como lleva años denunciando la Organización Médica Colegial (OMC), el hecho de que la sanidad penitenciaria pertenezca al Ministerio del Interior implica que las historias clínicas de los pacientes no se compartan con el resto de la sanidad pública.

De esta forma, un médico de prisiones puede desconocer qué patologías tiene un preso que acaba de ingresar en la cárcel y, a la inversa, un médico de la sanidad pública desconocerá que  antecedentes infecciosos y con tratamientos, podría tener un preso que acaba de salir en libertad. “No se puede plasmar en una misma historia que es un riesgo alto sobre la salud publica de la sociedad en general”, señala el sindicato.

Una situación similar se vive con los pacientes psiquiátricos, señala UGT de Valencia. “Cuando un paciente psiquiátrico sale de la prisión no hay forma de informar con una misma historia clínica, para que otros profesionales de la sanidad puedan hacer un seguimiento. Los problemas que se pueden derivar son fácilmente imaginables. Un paciente psiquiátrico sin control puede generar unos problemas muy destacables en varias facetas de seguridad y salud”, alerta el sindicato.

SIN AVANCES TRAS CASI UN AÑO

En el caso concreto de Valencia, ya se han iniciado las conversaciones para la transferencia de la sanidad penitenciaria. Si bien, hasta el momento, la Secretaria General de Prisiones, ha desoído las propuestas de la Consejería de Sanidad, especialmente en lo relativo a que las prisiones usen el mismo sistema informático de historias clínicas que en la sanidad pública, según indican fuentes de UGT.

Antes del verano, Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC, recordaba a este periódico que, pese al compromiso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de iniciar conversaciones con las autonomías para llevar a cabo la transferencia, aún no se han formado mesas técnicas específicas y el asunto ni siquiera fue tratado en el último Consejo Interterritorial de Sanidad.