Lasanidad penitenciariaes un ámbito que viene viviendo una particular situación de dificultad. A los muchos desafíos que rodean la asistencia al paciente en el Sistema Nacional de Salud, se le añaden una serie de circunstancias que complican sobremanera la atención de los reclusos al otro lado de los muros. Un preocupante escenario que ha llevado a este colectivo a reclamar urgentes mejoras y unamayor inversión en la sanidad que se ofrece en las prisiones españolas. En esta línea, el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertaba recientemente de lo evidente: “Falta personal sanitario en las cárceles”.
Diferentes sectores del personal penitenciario han comenzado a alzar la voz para exigir respuesta a unas reivindicaciones incumplidas que mantienen condenada a la sanidad penitenciaria. Esperan que, con el paso del verano y el comienzo de un nuevo curso, los responsables políticos tomen cartas en el asunto, en concreto, en dos vías de actuación muy claras: la falta de profesionales sanitarios -médicos y enfermeras- y el traspaso de las competencias en el ámbito desde el Ministerio de Interior a las CC.AA.. No en vano, solamente Navarra, Cataluña y País Vasco gestionan su propia sanidad penitenciaria.
“Resulta evidente que en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”
Una de las personas que más tiempo lleva advirtiendo de las carencias sanitarias que se viven en los centros penitenciarios es el Dr. Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), quien señalaba recientemente a ConSalud.es que “resulta evidente que en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”. En concreto, la carencia de efectivos médicos y de enfermeras es lo que más está lastrando la situación.
FALTA DE PERSONAL
En este sentido, el facultativo en prisiones explica que en nuestro país “disponemos de 160 o 170 médicos penitenciarios, frente al alrededor de 500 que debería haber en España. Además, las malas condiciones laborales ha provocado que, de las últimas 80 plazas que se convocaron, sólo se presentaron 6 o 7 candidatos”, remarcaba, alegando que no se podrá combatir el déficit que se vive hasta lograr “equiparar” sus circunstancias laborales a las del resto de facultativos que ejercen en los respectivos servicios de salud autonómicos de nuestro territorio.
“La situación actual hace imposible pasar una consulta a demanda y llevar un seguimiento médico de los pacientes. La Atención Primaria ha desaparecido y hemos pasado a ser una medicina de urgencia”
Un efecto colateral de la falta de sanitarios decididos a asistir a la población reclusa es la dificultad para poder llevar a cabo consultas continuadas y un seguimiento de la salud de estas personas. Lamentablemente, este primer nivel asistencial requiere de una serie de recursos que no siempre se encuentran en los centros penitenciarios. “La situación actual hace imposible pasar una consulta a demanda y llevar un seguimiento médico de los pacientes. La Atención Primaria ha desaparecido y hemos pasado a ser una medicina de urgencia”, sentencia el presidente de SESP.
SIN HISTORIA CLÍNICA COMPARTIDA
Por otra parte, otra de las realidades que complican el trabajo de este personal sanitario es la no existencia de una historia clínica electrónica compartida dentro y fuera de los muros. En la actualidad queda a suerte de los propios facultativos de la prisión recibir esta información clínica de la mano del propio recluso o de sus familiares, para así conocer su historial médico previo. Igualmente, prosigue el Dr. Basanta “cuando el paciente sale en libertad, si el médico dispone de tiempo y posibilidades” debe hacer nuevamente un informe para que el exconvicto pueda presentar a su médico habitual.
“Es esencial para la buena atención a estos pacientes no tener que empezar de cero, especialmente en enfermedades crónicas y en personas con tratamientos previos de salud mental”
El conocimiento del historial clínico previo de una persona que entra en centro penitenciario puede resultar clave para su salud futura, alargar su vida e incluso salvarla. “Es esencial para la buena atención a estos pacientes no tener que empezar de cero, especialmente en enfermedades crónicas y en personas con tratamientos previos de salud mental”. De esta manera, nuevamente la integración de las competencias de sanidad penitenciaria en cada servicio de salud autonómico parece el camino más directo a facilitar esta historia clínica común.
MAYOR COMPROMISO POLÍTICO
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, promulgada en 2003, recoge que la sanidad penitenciaria debería ser provista por los distintos servicios de salud de cada comunidad autónoma. Hasta la fecha, únicamente Cataluña, Navarra y País Vasco han sido las regiones donde estas competencias han sido asumidas. El resto continúan pendientes de tomar las riendas en este ámbito, siendo administrado, entretanto, por medio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del el Ministerio del Interior.
“El Gobierno y las CC.AA., independientemente del partido que estuviese al frente, han continuado como si nada desde hace 20 años. No hay un verdadero interés de los políticos por hacer cumplir la ley”
“El Gobierno y las CC.AA., independientemente del partido que estuviese al frente, han continuado como si nada desde hace 20 años. No hay un verdadero interés de los políticos por hacer cumplir la ley”, asevera el Dr. Basanta, quien asegura que esta situación es especialmente sangrante si tenemos en cuenta que, hace 15 años, “España era un premiado referente mundial en la asistencia sanitaria a sus presos". Pese a todo, el presidente de SESP valora positivamente los recientes intentos en algunas CC.AA. por avanzar en la adopción de competencias.