El Gobierno ha aprobado este martes la Ley de protección de menores en entornos digitales. Durante la comparecencia, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicaba que la ley recogerá un artículo específico para los profesionales sanitarios con medidas para la detección precoz y atención especializada de este tipo de adicciones. A su vez, adelantaba en su discurso la creación de centros especializados.
Tras este anuncio, no se han hecho esperar las primeras reacciones. Una de ellas por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que exige al Gobierno un aumento de plazas de médicos de Atención Primaria y pediatras para reforzar la nueva ley.
"El plan contra las adicciones digitales en menores que prepara el gobierno no funcionará si no se contratan profesionales en Atención Primaria. Necesitamos al menos 10.000 médicos de familia y 1.100 pediatras. Además, hay que incluir a los centros educativos en este plan, con plazas específicas de enfermería escolar", apunta Fernando Hontangas, responsable de Sanidad de CSIF.
"Necesitamos al menos 10.000 médicos de familia y 1.100 pediatras. Además, hay que incluir a los centros educativos en este plan, con plazas específicas de enfermería escolar"
No obstante, CSIF considera positivo el protocolo específico para que los pediatras revisen posibles adicciones o usos problemáticos de nuevas tecnologías por parte de menores, pero advierte de que difícilmente se obtendrán resultados positivos si no se refuerzan las plantillas del personal de la sanidad y se ponen los medios materiales adecuados.
A su vez, desde el sindicato consideran esencial que los centros educativos se incluyan en estos protocolos. "CSIF lleva años reclamando la dotación de Enfermería Escolar y sería un momento oportuno para que todos los centros tuvieran esta dotación, que podría tener un papel fundamental en la detección de la adicción digital", añaden.
Por todo ello, reclaman además un incremento de la inversión en Atención Primaria hasta el 25 por ciento del gasto sanitario total, aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), sobre todo en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, entre otras especialidades, y retomar la negociación para un acuerdo sobre el Estatuto Marco y homologación retributiva entre las comunidades autónomas.