Los sanitarios catalanes, en peligro de ser sancionados el 1-O

El Govern de Cataluña ha comenzado a enviar las notificaciones que designan a los ciudadanos que tendrán que formar parte de las mesas electorales el próximo 1 de octubre en la celebración del referéndum independentista. En el caso de que un profesional sanitario tengan que formar parte de una de estas mesas (la elección se realiza por sorteo público), las consecuencias penales, tanto por personarse en su mesa, como por no acudir a la misma, podrían llevarle a la pérdida de su puesto de trabajo.

Y es que, como explica a Consalud.es Joan Escanilla, presidente del sindicato CSIF Cataluña, los médicos y profesionales de la Enfermería que sean funcionarios han de cumplir la Constitución, y el Tribunal Constitucional mantiene actualmente suspendida la ley del referéndum al considerarlo ilegal. Por ello, “en caso de ser llamados, no deberían acudir a la mesa electoral”. De lo contrario, añade, su participación podría tener consecuencias penales, que le llevarían a una posible suspensión de servicio y pérdida de su puesto de trabajo.

Sin embargo, en caso de desacatar la orden de la Generalitat catalana y no acudir a su llamamiento para formar parte de una mesa electoral, el profesional también podría ser sancionado por el Ejecutivo autonómico. De hecho, la propia web del referéndum especifica que “el ejercicio del cargo de miembro de una mesa electoral (presidente o vocal) es obligatorio, no voluntario”, aunque sin perjuicio de poder alegar “causas justificadas y documentadas” que impidan la aceptación del cargo. Por ello, afirma Escanilla, “de no acudir se le podría abrir un expediente administrativo que también podría desembocar en la pérdida de su trabajo”.

Si bien, en el caso de que el profesional sanitario esté de guardia o tenga que trabajar ese día, sí estaría exento de participar en la mesa electoral, puesto que la Sanidad es un servicio esencial y el sanitario tendría en este caso permiso para mantenerse en su puesto de trabajo.

SEGUIR EL PROTOCOLO ESTABLECIDO

Ante la incertidumbre que genera el proceso electoral, Escanilla recomienda a los empleados públicos seguir el protocolo establecido por el propio sindicato CSIF, que pasa, en primer lugar, por solicitar toda orden que pueda ser ilegal por escrito. Además, se insta a dejar la constancia a la administración de su parecer sobre la posible ilegalidad de la orden y, por último, acudir a la Fiscalía u otros órganos judiciales para denunciar su situación.