Los trabajadores reivindican mejoras salariales y un mayor control por parte de la Consejería de Sanidad de las subcontratas del transporte sanitario
Según recoge Crónica Global, las subcontratas del transporte sanitario también se movilizarán coincidiendo con la concentración prevista por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para celebrar el día de la autonomía. Según citan fuentes sindicales, pese a los agradecimientos vertidos por el consejero Toni Comín a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils, "en un momento de gran cariño social, Salud nos ha abandonado".Hasta 5.000 trabajadores del transporte urgente y no urgente de toda Cataluña podrían estar llamados a este paro, en el que se reivindicarán aspectos como la equiparación salarial con los empleados del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ola falta de control de la Consejería sobre las subcontratas (el transporte sanitario está externalizado en toda la comunidad salvo en Barcelona).
NUMEROSAS POLÉMICAS
Y es que la dejadez de Comín con el transporte sanitario catalán ha ocasionado numerosas protestas por parte de los trabajadores en los últimos meses. De hecho, el transporte sanitario de Girona y del Alt Maresme ya preparara una huelga de 24 horas para el próximo 8 de septiembre, si los trabajadores no llegan a un acuerdo con la empresa concesionaria para mejorar sus condiciones laborales, así como para que se garantice la mejora de los vehículos y las bases asistenciales, según recogen medios locales.
Previamente, los trabajadores de la UTE Egara-laFuente, concesionaria del servicio de ambulancias en Tarragona, Tierras del Ebro y Lleida, decidieron convocar una huelga en Semana Santa porque, como denunciaban los trabajadores, la compañía concesionaria no estaba cumpliendo las condiciones del contrato de adjudicación y, ante ello, Sanidad, que tiene potestad para romper la concesión, se mantenía al margen.
Los problemas con el nuevo modelo de transporte sanitario llegaron incluso al Parlament de Cataluña, donde se aprobaron dos mociones en 2016 en la que se instaba al Gobierno catalán a solucionar los problemas generados especialmente en las provincias de Girona y Tarragona.