“El médico, quien diagnostica, es el único que tiene la competencia para indicar medicamentos, sujetos o no a prescripción”. Bajo esta premisa, el polémico Real Decreto de prescripción de 2015 dejó sin cobertura legal diversas actuaciones cotidianas de la Enfermería que hasta entonces hacían sin necesidad de la prescripción del médico. Entre ellas, la de poner vacunas como la de la gripe.
En esta autonomía, el Departamento de Salud emitió una orden que instaba a la Enfermería a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada. Sin embargo, esta decisión fue denunciada por el Consejo General de Enfermería (CGE) que alertaba de que, con ella, se contradecía al propio Real Decreto y se ponía en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco suspendió cautelarmente esta instrucción, por lo que los usuarios del Sistema de Salud tendrán que ser previamente valorados por el médico para que los enfermeros puedan administrar una vacuna (al igual que en la mayoría de las autonomías).
El colectivo médico, que siempre ha apoyado la redacción final del Real Decreto de prescripción, teme ahora sin embargo la sobrecarga laboral que generará esta medida y ha propuesto al Servicio Vasco de Salud propuestas alternativas como que se libere de esta nueva carga al personal médico estructural “ya suficientemente agobiado” contratando médicos “ad hoc” durante la campaña vacunal, o que médicos de alta direcciónemitan prescripciones nominales múltiples en sus áreas sanitarias.
TAMBIÉN EN CASTILLA Y LEÓN
La situación no tendrá consecuencias sólo en el País Vasco, puesto que el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha pedido, a raíz de la sentencia del tribunal vasco, que sus colegiados dejen de administrar vacunas que no hayan sido prescritas por médicos porque, de lo contrario, podrían incurrir en delito, y advierten de que “hasta que esta situación no cambie y se modifique la ley, nuestros colegiados deberían de negarse a administrar vacunas que no hayan sido prescritas por profesionales médicos para evitar situaciones que provoquen su inseguridad jurídica por acción o por omisión”.
El Sindicato Médico propone medidas como que se contraten médicos “ad hoc” durante la campaña vacunal o que se faciliten las prescripciones masivas
Ahora, los médicos de Atención Primaria del País Vascos alertan de que este aspecto aumentará aún más su sobrecarga laboral durante la campaña contra la gripe de otoño, ya que tendrán que emitir una orden de dispensación por cada vacuna que se administre. En esta autonomía, el Departamento de Salud emitió una orden que instaba a la Enfermería a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada. Sin embargo, esta decisión fue denunciada por el Consejo General de Enfermería (CGE) que alertaba de que, con ella, se contradecía al propio Real Decreto y se ponía en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco suspendió cautelarmente esta instrucción, por lo que los usuarios del Sistema de Salud tendrán que ser previamente valorados por el médico para que los enfermeros puedan administrar una vacuna (al igual que en la mayoría de las autonomías).
El colectivo médico, que siempre ha apoyado la redacción final del Real Decreto de prescripción, teme ahora sin embargo la sobrecarga laboral que generará esta medida y ha propuesto al Servicio Vasco de Salud propuestas alternativas como que se libere de esta nueva carga al personal médico estructural “ya suficientemente agobiado” contratando médicos “ad hoc” durante la campaña vacunal, o que médicos de alta direcciónemitan prescripciones nominales múltiples en sus áreas sanitarias.
TAMBIÉN EN CASTILLA Y LEÓN
La situación no tendrá consecuencias sólo en el País Vasco, puesto que el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha pedido, a raíz de la sentencia del tribunal vasco, que sus colegiados dejen de administrar vacunas que no hayan sido prescritas por médicos porque, de lo contrario, podrían incurrir en delito, y advierten de que “hasta que esta situación no cambie y se modifique la ley, nuestros colegiados deberían de negarse a administrar vacunas que no hayan sido prescritas por profesionales médicos para evitar situaciones que provoquen su inseguridad jurídica por acción o por omisión”.