“La sanidad penitenciaria está agonizando”. Así encabeza la carta dirigida por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) a “los máximos responsables de la sanidad española” en particular y a la sociedad en general. En ella han alertado de la grave situación por la que pasa este sector en España que “está llevando a la población privada de libertad a sufrir el menoscabo, si no la pérdida ya, de un derecho fundamental: el acceso a la salud”.
Asimismo, no solo han alertado del estado de los presos sino que también han advertido que se está deteriorando la salud laboral, y hasta “la física y mental” de los profesionales sanitarios de Instituciones Penitenciarias. Destacan, en este sentido, que los profesionales de las prisiones españolas son “cada vez más escasos y de mayor edad”.
Según esta sociedad, existe un "déficit total de profesionales que es incompatible con ofrecer una mínima calidad de la asistencia sanitaria, y además, no hay relevo generacional"
Se trata, sin embargo, de un problema cuya solución es “conocida por todos los responsables políticos de la sanidad española”: partidos políticos, administración general y autonómica. De hecho, muchos de estos actores han aprobado, por unanimidad, varias Proposiciones no de Ley (PNL). Al mismo tiempo, han precisado que se ha llegado a esta situación “después de muchos años de reiterados avisos desde todos los sectores profesionales implicados”.
APLICACIÓN DE LA LEY DE COHESIÓN DEL SNS
Desde la SESP recuerdan en su misiva que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud “marcaba un plazo de 18 meses para transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas para su plena integración en los sistemas autonómicos de salud”. Sin embargo, 15 años después “la ley sigue sin cumplirse”.
Además de ello, han lamentado que existe un “déficit total de profesionales que es incompatible con ofrecer una mínima calidad de la asistencia sanitaria, y además, no hay relevo generacional, por lo que, si esta situación no cambia en el corto plazo, el futuro inmediato será aún pero que el presente. Un presente, como se está viendo en los últimos meses, que es ya de por sí muy preocupante”.
La SESP reclama a la clase política "que se pongan de acuerdo, marquen unos plazos para las cuestiones técnicas y tomen ya la decisión de transferir la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud"
Y mientras se da un ambiente de “falta de voluntad política”, la SESP ha expuesto que en medio se encuentran “unos profesionales abandonados a nuestra suerte y una población reclusa con una asistencia sanitaria cada vez más deficitaria”. Este hecho podría suponer “un grave riesgo tanto para la salud de esta población específica como para la salud de la comunidad en general”. Por ello, han pedido “que se cumpla la ley para poder ofertar una asistencia sanitaria a la población reclusa de la misma calidad que se ofrece al resto de ciudadanos en la comunidad”.
ACUERDO POLÍTICO
Tras describir este escenario, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha instado a los políticos a “que se pongan de acuerdo, marquen unos plazos adecuados para las cuestiones técnicas y tomen ya la decisión política de transferir toda la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud de las CC.AA. No existe otra alternativa. Es absolutamente necesario”. Finalmente, han subrayado: “Señores responsables de la sanidad de este país, por favor, tómense este problema. No es baladí, cuesta vidas”.