Fuentes del Grupo Ribera Salud han confirmado a Consalud.es que a última hora de este lunes la empresa recibió dos resoluciones emitidas por la Generalitat valenciana para comunicarle, por una parte, el fin efectivo de la concesión del hospital de Alzira y de los centros de atención primaria a partir del 1 de abril de 2018 (cuando finaliza el contrato) y, por otra, las normas para la reversión a la gestión pública que ha de seguir la entidad.
Por otro lado, según la información ofrecida por la emisora generalista, durante los meses de abril y mayo Ribera Salud también estará obligada a enviar a la Consejería toda la información referente a la cartera de servicios, el personal contratados, los sueldos, el inventario de inmuebles y la maquinaria.
La Consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, ha defendido que la transición de la reversión se realizará a lo largo de un año “porque así está estipulado en el contrato y consideramos que de esta manera será más rigurosa, más serenay con más seguridad jurídica”.
En lo que respecta a la razón que justifica la ruptura de este modelo de concesión, Montón ha explicado que “la salud es un derecho y no un motivo de negocio", al tiempo que ha reconocido que se trata del cumplimiento de un “compromiso electoral”, que ya estaba presente en el Pacto del Botánico. La decisión, como demuestran los datos oficiales, responde así a una cuestión más ideológica que de eficiencia.
No obstante, Montón ha asegurado que, aunque por lo general el nivel de satisfacción de los pacientes con el hospital es elevado, también hay plataformas que defienden que la sanidad sea totalmente pública.
TRABAJADORES Y CIUDADANOS DEFIENDEN EL MODELO
Las resoluciones de la Generalitat llegan en un momento de crispación por parte de trabajadores del Hospital y ciudadanos en relación a los planes de Montón para revertir el modelo. De hecho, en los últimos meses se ha conformado la asociación Sanitat Sols Una, compuesta por hasta 500 personas que defienden el modelo Alzira y rechazan las alternativas que ofrece Sanidad a los empleados para cuando se dé por finalizada la concesión administrativa. Entre otros aspectos, defienden que la comarca se quedará sin inversiones en Sanidad y que los puestos de trabajo de los empleados podrían perderse al tener que convocarse mediante oferta pública.
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Carmen Montón defiende que el proceso de transición de la reversión se realizará a lo largo de un año “porque así está estipulado en el contrato y consideramos que de esta manera será más rigurosa, más serena y con más seguridad jurídica”
La documentación, revelada por la Cadena Ser, hace referencia a plazos y calendarios para la entrega de la gestión. En este sentido, destaca que a partir de este mismo sábado 1 de abril, la compañía no podrá nombrar a directivos, comprar bienes, cambiar las condiciones laborales del personal o realizar contrataciones sin la autorización previa de la Consejería de Sanidad. Estos aspectos, sin embargo, aún están en fase de análisis por parte de Ribera Salud, antes de expresar un posicionamiento al respecto.Por otro lado, según la información ofrecida por la emisora generalista, durante los meses de abril y mayo Ribera Salud también estará obligada a enviar a la Consejería toda la información referente a la cartera de servicios, el personal contratados, los sueldos, el inventario de inmuebles y la maquinaria.
La Consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, ha defendido que la transición de la reversión se realizará a lo largo de un año “porque así está estipulado en el contrato y consideramos que de esta manera será más rigurosa, más serenay con más seguridad jurídica”.
En lo que respecta a la razón que justifica la ruptura de este modelo de concesión, Montón ha explicado que “la salud es un derecho y no un motivo de negocio", al tiempo que ha reconocido que se trata del cumplimiento de un “compromiso electoral”, que ya estaba presente en el Pacto del Botánico. La decisión, como demuestran los datos oficiales, responde así a una cuestión más ideológica que de eficiencia.
No obstante, Montón ha asegurado que, aunque por lo general el nivel de satisfacción de los pacientes con el hospital es elevado, también hay plataformas que defienden que la sanidad sea totalmente pública.
TRABAJADORES Y CIUDADANOS DEFIENDEN EL MODELO
Las resoluciones de la Generalitat llegan en un momento de crispación por parte de trabajadores del Hospital y ciudadanos en relación a los planes de Montón para revertir el modelo. De hecho, en los últimos meses se ha conformado la asociación Sanitat Sols Una, compuesta por hasta 500 personas que defienden el modelo Alzira y rechazan las alternativas que ofrece Sanidad a los empleados para cuando se dé por finalizada la concesión administrativa. Entre otros aspectos, defienden que la comarca se quedará sin inversiones en Sanidad y que los puestos de trabajo de los empleados podrían perderse al tener que convocarse mediante oferta pública.
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