La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM), ha presentado un documento de alegaciones dentro del plazo establecido para la consulta pública previa de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Un documento de 22 páginas que se encuentra disponible en el Portal de Transparencia, donde la ACHPM plantea importantes objeciones a las diversas cuestiones incluidas en el anteproyecto de ley.
En este sentido, la opinión de la Asociación de Hospitales Privadas de Madrid “es frontalmente contraria a este proyecto del Ministerio de Sanidad que trata de blindar la gestión directa de la sanidad pública y hacer imposibles los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión”. Así, entre las alegaciones insiste en aspectos relativos a cómo puede afectar una ley como la planteada a los pacientes y la inseguridad que puede crear. “Con una norma como esta, se va a socavar otro de los pilares del estado de derecho, como es la seguridad jurídica de todo el sector de la sanidad privada de este país”, subraya el documento.
"Este anteproyecto persigue desmantelar el marco jurídico existente y de una forma especial, utilizando su misma expresión, ‘se cierra la Ley 15/1997‘ sobre nuevas formas de gestión, sin establecer alternativas"
El documento de alegaciones se refiere, en particular, a la seguridad jurídica y la legítima competencia de las CC.AA para gestionar la sanidad. Para la ACHPM, “este anteproyecto persigue desmantelar el marco jurídico existente y de una forma especial, utilizando su misma expresión, ‘se cierra la Ley 15/1997‘ sobre nuevas formas de gestión, sin establecer alternativas. Una norma que ha producido unos importantes resultados a lo largo de estos años, y que quiere sustituir por un régimen absolutamente desfasado y fuera de lugar, vigente hace más de 50 años, que van a llevar al colapso de la sanidad pública”.
Otra de las cuestiones planteadas por ACHPM es que en España, el gasto sanitario total supone el 10,4% del PIB, y el correspondiente a la sanidad privada es el 3,1% del PIB. El 55,6% de los hospitales y el 32% de las camas en España son de titularidad privada. Esto supone que, el 31% de las cirugías, el 24% de las altas y el 24% de las urgencias, tienen lugar en el sector privado sanitario.El 92% de las ambulancias operativas son privadas.
En 2020 el conjunto del gasto sanitario privado y la colaboración privada-pública (conciertos) en 2020 alcanzó los 40.727 M€, lo que se traduce en un 3,64% del PIB.El gasto sanitario público de España en 2021 ha alcanzado los 87.941 M€, de los cuales un 10,2% se destinaron a colaboración privada-pública (conciertos).En este contexto, la ACHPM insiste, en el documento de alegaciones, en “la imposibilidad de llevar a cabo una ley de estas características sin que ello repercuta en la salud de los españoles”.
Según datos del INE, hay registrados en España un total de 292.413 médicos y 336.321 enfermeras, entre sanidad pública y privada, de los cuales, 67.350 médicos y 73.207 enfermeras están adscritos a la sanidad privada
Además, remarca que en España, de un total de 840 hospitales, 410 son de titularidad privada. Además, según datos del INE, hay registrados en España un total de 292.413 médicos y 336.321 enfermeras, entre sanidad pública y privada, de los cuales, 67.350 médicos y 73.207 enfermeras están adscritos a la sanidad privada. Si esta ley saliera adelante y limitara los conciertos, las listas de espera se verían incrementadas, así como la salud de los ciudadanos.
Ante estos datos, en el documento de alegaciones la ACHPM concluye que “si el Ministerio de Sanidad realmente quiere contribuir a mejorar el sistema sanitario español, que realmente lo necesita, sin generar nuevos problemas y buscando soluciones reales pensando en los pacientes, en nuestra opinión lo mejor que puede hacer esutilizar el camino del Consejo Interterritorial, y en él, como órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud (SNS), buscar las soluciones más adecuadas, junto a las Comunidades Autónomas que son las que tienen la competencia en esta materia, y con la vista puesta en el conjunto de la sanidad, pública y privada, como única forma de superar los problemas que ahora mismo tiene el Sistema Nacional de Salud, y que se está poniendo en situación de verdadero riesgo”.