Los sindicatos de Función Pública (CC.OO., UGT y CSIF) van a reunirse próximamente con la nueva titular del ámbito, Meritxell Batet, quien también asume las competencias de Política Territorial. Será el 16 de julio cuando se vean las partes en un encuentro enmarcado en la revisión de los acuerdos suscritos por el anterior gobierno para los empleados públicos, entre los que se encuentran los sanitarios.
Ante este encuentro, los representantes sindicales reclamarán que las medidas incluidas en el acuerdo firmado con Cristóbal Montoro empiecen a desarrollarse ya que se han visto paralizadas con el cambio de Ejecutivo. Por ejemplo, la subida salarial para los profesionales de la sanidad pública, que quedó fijada entre un 6,1% y un 8,79% para los próximos tres años.
Algunas de las medidas se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado de 2018; éstos fueron aprobados la pasada semana pero aún no ha sido publicado en el BOE
Por otra parte, en el anterior pacto entre Hacienda y sindicatos se acordó el restablecimiento de la negociación colectiva. Así, se dio vía libre para que las comunidades autónomas acordaran con los sindicatos y los trabajadores la recuperación de las jornadas laborales de 35 horas a la semana. Tras ello, ha sido Extremadura la que ha dado el primer paso firmando un acuerdo con los sanitarios.
Todas estas y otras medidas, también están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los cuáles se aprobaron hace tan sólo una semana. A pesar de ello, aún no se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde el Gobierno apuntan que la publicación se hará el miércoles, por lo que las iniciativas entrarían en vigor al día siguiente.
TOMA DE POSESIÓN
Además de Meritxell Batet, como máxima responsable del Ministerio, también está previsto que participen de manera activa en la reuniones con los sindicatos otros nuevos cargos de este departamento. Precisamente ha sido esta semana cuando han tomando posesión nuevos dirigentes: José Antonio Benedicto Iruiñ es el nuevo secretario de Estado de Función Pública, y Javier Rueda Vázquez, director general de Función Pública.