Los sindicatos exigen que no se tomen medidas cautelares de suspensión por “la grave repercusión que tendría en determinados servicios públicos”
En su escrito, los sindicatos (el sindicato médico apoyó en su día plenamente la medida) defienden la legalidad de la ley autonómica y exigen que no se tomen medidas cautelares de suspensión por “la grave repercusión que tendría en determinados servicios públicos”.La coordinadora del Área Pública de CC.OO, Chelo Cuadra ha defendido que, entre los perjudicados por la retirada de la normativa autonómica, las consecuencias serían más graves los trabajadores y usuarios de la sanidad pública, en la que “tímidamente se iban recuperando empleo y servicios derivados directamente de la implantación de la jornada laboral de las 35 horas, con un proyecto de contratación de al menos 150 facultativos en próximas fechas y que no sabemos en qué medida puede afectar el anuncio de este recurso".
El Gobierno autonómico ha manifestado que, desde que en el mes de febrero el Ejecutivo central comunicara su intención de presentar este recurso, se debía abrir un proceso de negociación que parece se ha agotado en una reunión de apenas unos minutos celebrada el pasado día 6 de abril.
Desde CSIF, por su parte, denuncian que, pese a estar en funciones, en este asunto al Gobierno de Mariano Rajoy “le corre mucha prisa este asunto, aún sabiendo que en Castilla-La Mancha estamos sufriendo recortes únicos en toda España, como la tasa Page-Cospedal, en la que nos reducen la nómina un 3% todos los meses a los funcionarios”, explicó su portavoz,Rafael Céspedes, durante una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
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