Llega el verano y, con él, una enorme cantidad demédicos de Atención Primariay Pediatría que se van de vacaciones y cuyos puestos, en la mayoría de los casos, se quedan sin cubrir. Muchas comunidades autónomas recurren por ello, como medida de urgencia para cubrir esos puestos, a médicos recién graduados que todavía no han obtenido el título MIR.
Se trata de una medida cuya puesta en práctica, como ha recordado el Foro de Atención Primaria -que está compuesto por diversas asociaciones que cubren las dos especialidades- celebrado este lunes, supone una “flagrante ilegalidad”. De hecho, señalan, es un “fraude de ley” a muchos niveles, ya que incumple varias normativas legales, y el “solo planteamiento de esta opción deja entrever el desprecio absoluto de los responsables y gestores hacia los médicos formados adecuadamente en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría”.
La medida incumple varias normativas legales
Estas son las mencionadas normas legales que incumple esta práctica que trata de dar respuesta a la falta de facultativos que padece nuestro país cada verano:
-Real Decreto 931/1995, de 9 de junio, por el que se dictan normas en relación con la formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria de Licenciados en Medicina a partir del 1 de enero de 1995 y se adoptan determinadas medidas complementarias.
-Real Decreto 904/2001, de 27 de julio, por el que se unifican las convocatorias para el acceso a la formación médica especializada.
-Directiva 86/457/CEE, de 15 de septiembre, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre formación específica en Medicina General, que establece la necesidad de dicha formación específica para el ejercicio de las funciones de médico general en los regímenes públicos de Seguridad social de los distintos Estados miembro.
“Parece un destino de ‘segundo nivel’ donde puede acudir a trabajar cualquier profesional sin cumplir los requisitos necesarios establecidos legalmente”, denuncian los portavoces del Foro de Atención Primaria, quienes también señalan “el riesgo que esta medida supone para la seguridad del paciente, que quedará en manos de profesionales que tienen la formación teórica pero no la práctica suficiente” y recuerdan a los médicos que acepten estos trabajos “las implicaciones que esto conlleva para su responsabilidad jurídica” en el caso de que ocurra un problema grave y no tengan la suficiente supervisión.
Esta medida supone un riesgo para la seguridad del paciente
Así, ante esta situación, el Foro de Atención Primaria, que está formado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médico Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y la Sociedad Española de PediatríaExtrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), lamenta que se estén “valorando propuestas que se limitan a ser un parche para el verdadero problema del primer nivel asistencial, ideas que no solo no contribuyen a mejorar esta situación, sino que pueden incluso deteriorarla”.
“Las únicas medidas constructivas serán aquellas que vayan encaminadas a mejorar el atractivo de las plazas de Medicina de Familia y Pediatría para que cuando el profesional acabe su formación reglada tenga la Atención Primaria como posible destino, valorable e ilusionante tanto desde un punto de vista laboral como profesional”, añaden sus representantes.
Para terminar, mencionan la “necesidad de transmitir a la población una oferta sanitaria realista con una accesibilidad sostenible, de manera que sean conscientes de la situación que vive el primer nivel asistencial y se pueda mantener la calidad y seguridad que hasta ahora recibe el paciente y que no puede ponerse en juego por medidas cortoplacistas e ilegales como la que se está valorando en los últimos días”.