Las horas extra son el día a día de los trabajadores en España. Es casi imposible encontrar a una sola persona que no haya hecho alguna durante su vida activa. El problema recae en cuando las empresas usan esta parte de la jornada de manera abusiva y los trabajadores no reciben retribución por este tiempo.
Por ejemplo, según un informe realizado por Comisiones Obreras (CCOO), solo en 2018 más de un millón de trabajadores se vieron afectados por una prolongación laboral no pactada y pagada que supuso más de 11 millones de horas extra.
Los sanitarios el año pasado realizaron más de 500.000 horas extra
Acabar con esta práctica es uno de los objetivos que se ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez para este 2019. Es por eso que a mediados de marzo entró en virgo un Real Decreto de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Uno de los aspectos que más destaca de esta iniciativa es que a partir de ahora será obligatorio registrar la jornada laboral, es decir, fichar.
De esta manera se evitará que los profesionales trabajen ciertas horas sin que sean retribuidas. Pero, ¿qué significa esto para los sanitarios que trabajan en España?
Según los datos de la organización sindical, los sanitarios el año pasado realizaron más de 500.000 horas extra que nunca se les llegaron a pagar algo que afectó a aproximadamente unos 52.000 trabajadores del sector.
Esto significa que la sanidad española se ahorró solo en 2018 cerca de 600 millones al no pagar a sus sanitarios las horas extraordinarias. El personal de sanidad y servicios sociales realizó de media unas 9,7 horas extra semanales no retribuidas.
A pesar de que el Real Decreto ya ha entrado en vigor, no está teniendo buena acogida en el sector sanitario, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de los residentes. Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), explicó hace unos meses a ConSalud.es que hasta el momento no se ha llevado a cabo “ninguna negociación de la que tengamos constancia en ninguna comunidad autónoma”, pese a que el RD exige que sea así.