El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos agradece a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la claridad y contundencia de la nota informativa, emitida en el día de hoy, en relación a la compraventa ilegal de medicamentos a través de sitios webs y de aplicaciones para móviles.
Tal y como viene denunciando reiteradamente el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en los últimos meses, han ido surgiendo diversas plataformas de intermediación en la compra venta de medicamentos que incumplen la legislación vigente. Denuncias que se han realizado ante los organismos competentes y que en el día de hoy la Aemps se ha pronunciado con claridad, ratificando los planteamientos y argumentos esgrimidos desde la Profesión Farmacéutica.
En este sentido, la nota informativa de la Agencia Española recoge literalmente que "ningún pedido o encargo de medicamentos puede realizarse a las oficinas de farmacias si no es directamente a través del sitio web habilitado al efecto por las oficinas de farmacia, con la ausencia de intermediarios. El uso de intermediarios en la compraventa infringe la normativa descrita".
En los últimos meses, han ido surgiendo diversas plataformas de intermediación en la compra venta de medicamentos que incumplen la legislación vigente
La profesión farmacéutica española está a la cabeza de Europa en la digitalización de la prestación farmacéutica siendo el país donde más se ha avanzado en la receta electrónica pública, privada y veterinaria. "Somos conscientes de que hay situaciones y retos sociales hoy que requieren respuestas profesionales por parte de nuestro Sistema Nacional de Salud y de nuestro Sistema Social pero siempre ha de garantizarse el cumplimiento de la legalidad vigente y la seguridad del paciente", ha comentado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Para el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la nota informativa de la Aemps debe marcar un antes y un después que ponga fin a la existencia de este tipo de plataformas que confunden a los ciudadanos y a los propios profesionales por infringir la normativa vigente. ''Creo que la nota no deja lugar a dudas ni a interpretaciones", ha afirmado Jesús Aguilar.
De igual forma, desde la Organización Farmacéutica Colegial se advierte también a las oficinas farmacias de la ilegalidad que supone participar en dichas plataformas de intermediación y subraya que la normativa vigente en nuestro país sobre la venta por procedimientos telemáticos de medicamentos no sujetos a prescripción es el Real Decreto 870/2013. Una normativa cuyo objetivo es la protección de la salud pública y que establece tres importantes garantías para la población en la venta de medicamentos a través de internet: una dispensación online que sólo puede realizarse con la intervención de un farmacéutico, desde la web de la farmacia responsable de la dispensación y previo asesoramiento personalizado.
PROTECCIÓN DEL CIUDADANO
Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se recuerda que la normativa vigente, dictada al amparo de la Directiva europea sobre falsificación de medicamentos, tiene por objetivo proporcionar las máximas garantías a los ciudadanos en el acceso al medicamento y asegurar el máximo niveldeprotección delasalud pública.
Desde la Organización Farmacéutica Colegial se advierte también a las oficinas farmacias de la ilegalidad que supone participar en dichas plataformas de intermediación
Así, la legislación actual favorece que la venta de medicamentos a través de Internet se haga con las necesarias garantías sanitarias, permitiendo a los ciudadanos identificar más fácilmente los sitios web que pueden dispensar legalmente medicamentos no sujetos a prescripción y distinguirlos de aquellos que los venden ilegalmente, es decir, fuera de la cadena legal de suministro de los mismos.
Una normativa que permite, además, ejercer una función de control y supervisión de la compraventa de medicamentos no sujetos a prescripción a través de medios telemáticos, adoptando las medidas oportunas en caso de detectar actividades que contravienen la normativa, es decir, una regulación que asegura la trazabilidad y, por consecuencia, la salud de los ciudadanos.