Tras conocer el contenido del borrador del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en relación con las medidas de financiación de la formación continuada de los profesionales que propone la “prohibición de estas actividades, directa o indirectamente financiadas por la industria”, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha realizado un llamamiento para reevaluar dicho planteamiento "entendiendo que, hasta el momento, ha sido la administración sanitaria la que no ha asumido su obligación legal de financiar la formación continuada, habiéndola delegado en la industria biosanitaria (es decir industria farmacéutica y de tecnología sanitaria), la que ha hecho posible gran parte de la formación de los médicos".
Según señalan desde la Federación, la inversión en Formación Médica Continuada (FMC) que realiza el Sistema Nacional de Salud Españolno cubre ni las mínimas necesidades formativas ni la de todos los profesionales, dado que algunos de ellos ejercen en el sector privado. Esta limitación es compensada con inversión procedente de otras fuentes, entre las que la industria farmacéutica y la de tecnología sanitaria ocupa un papel relevante y además se ha dotado de forma voluntaria de un Código de Buenas Prácticas que pone el listón en el máximo nivel de lo que debe entenderse como aceptable en las relaciones con los profesionales sanitarios.
Gran parte de la financiación de esa formación ha sido posible gracias al apoyo de la industria farmacéutica y de la de tecnología sanitaria
La Formación Médica Continuada es esencial porque su objetivo es mantener la competencia de los profesionales para proporcionar la mejor atención sanitaria posible a la población. Y las sociedades científicas tienen un papel muy importante en su desarrollo.
En la actualidad, gran parte de la financiación de esa formación ha sido posible gracias al apoyo de la industria farmacéutica y de la de tecnología sanitaria, por lo que Facme plantea que, de ponerse en marcha esta medida, debe ser habiendo garantizado previamente la existencia de fondos públicos suficientes para continuar ofertando esa formación y respetando la accesibilidad de los profesionales y sus propias necesidades formativas independientemente de las planteadas por las administraciones.
En cualquier caso, Facme siempre ha defendido que las actividades formativas organizadas por las sociedades científicas deben regirse por el marco de la transparencia, no solo con sus propios socios sino con todas las partes implicadas, y esa transparencia se ha convertido en un objetivo primario de las sociedades y por tanto de Facme.