El pasado año 2023 se registró el peor dato de personas fallecidas por ahogamiento desde 2019 y el cuarto peor registro en la serie histórica, desde que en 2015 la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) comenzó a contabilizar los ahogamientos mortales en el Informe Nacional de Ahogamientos (INA). En total se registraron 422 muertes por ahogamiento no intencional a lo largo del pasado año, lo que supone un incremento de casi el 8 por ciento respecto a los 391 fallecimientos que se dieron en 2022.
Todos los ahogamientos producidos en el mes de diciembre de 2023 sucedieron en lugares sin vigilancia, en 7 de los casos (41,18 %) en entornos sin servicio socorrista activo y 10 donde no procedía (58,82 %). En declaraciones a ConSalud.es, Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo afirma que “debido a que en España hay 17 normativas diferentes y, esta situación, impide en muchos casos la posibilidad de que una formación de socorrista en una comunidad pueda trabajar en otra, existe escasez de socorristas”.
Reconoce que este es “un problema que venimos arrastrando desde hace años y se agudiza aún más con esta situación que, lejos de solucionarse, las administraciones lo toman en consideración dificultando, con sus cambios normativos, la posibilidad de movimiento en el mercado laboral de este sector”, sostiene García.
“Finalizado el periodo estival, el buen tiempo sigue, pero el servicio de salvamento se elimina, lo que impide disfrutar de los espacios acuáticos con las medidas de seguridad que se requieren”
España cuenta con más de 1.300.000 piscinas además de casi 8.000 km de costa. Además, hay que añadir las playas fluviales, pantanos, piscinas naturales, etc. Con esta situación, reconoce García: “Es difícil ofrecer la cobertura necesaria a todos estos espacios acuáticos, pero sí es conveniente y necesario que se amplíe la vigilancia a aquellos espacios que son utilizados por la población y turismo para el esparcimiento y disfrute del medio acuático. Tal es el caso de las playas donde ya existe vigilancia, pero el turismo (nacional o extranjero) decide hacer uso de estos espacios antes de que esté operativo el servicio de salvamento. De la misma manera, finalizado el periodo estival, el buen tiempo sigue en gran parte de nuestro país, pero el servicio de salvamento se elimina, lo que impide disfrutar de los espacios acuáticos con las medidas de seguridad que se requieren.
El director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo apunta que “aunque la RFESS no dispone de datos precisos, a tenor de la prensa digital y de las modificaciones normativas autonómicas, la formación de los socorristas se ha hecho más exigente en cuanto a carga lectiva. Esta situación, efectivamente, ha contribuido a que parte de las personas que querían ser socorristas y, debido a la gran carga lectiva que algunas comunidades por elcambio normativo exigen para esta formación, hace que se decante por otra profesión ya que, la de socorrista únicamente es válida, mayoritariamente, para el periodo estival.
Por segunda vez desde el año 2015, Andalucía vuelve a ser la Comunidad Autónoma con más ahogamientos no intencionales mortales, un total de 68, los mismos que se dieron entonces, hace nueve años. Desde 2019, la Comunidad Valenciana ha sido el territorio con más muertes por esta causa. Los meses que albergan verano (junio, julio, agosto y septiembre) son los que acumulan el mayor número de ahogamientos, un total de 242 ahogamientos, lo que supone un 57,35 por ciento.
“La gran carga lectiva que algunas comunidades por el cambio normativo exigen para la formación, hace que muchas personas que querían ser socorristas, se decanten por otra profesión”
En el cómputo anual, sólo uno de cada cuatro fallecimientos por ahogamiento (103 de los 422 fallecimientos) se dieron en lugares con vigilancia, frente a 148 que tuvieron lugar en zonas sin vigilancia (el 35,07 por ciento) y 171 en lugares donde no procedía disponer de servicio (40,52 por ciento).
García indica que “el perfil de la persona fallecida en lo que va de 2024 es la de un hombre de nacionalidad española, de más de 35 años, que pierde la vida en una playa y, en la inmensa mayoría de las ocasiones, entre las 8:00 y las 14:00 horas”.
Para paliar esta situación, García apunta que “sería conveniente que existiera una única normativa nacional válida en todo el territorio español que unifique la formación del socorrista”. Además añade que “para disminuir el número de ahogamientos, sería necesaria la creación de una Dirección de Seguridad Acuática que, al igual que la de tráfico, se encargue de concienciar a la población del peligro y de los riesgos que conlleva el disfrute en este medio”. Y concluye con una reflexión: “Quizá, la falta de aseguradoras detrás de cada ahogamiento, dejando a las familias con el dolor del fallecimiento de sus familiares al contrario que ocurre con los accidentes de tráfico sea una de las razones del por qué esta situación no preocupa a nadie”.