La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha presentado el Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante 2017, en el que se hace un análisis exhaustivo de las actuaciones del Gobierno en materia de I+D+i durante este año y se incluyen propuestas con los cambios y las modificaciones que pudieran contribuir a mejorar el efecto de la intervención pública en la ciencia.
En concreto, el informe hace una valoración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a ciencia durante 2017, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y el cumplimiento de los pactos de investidura. Asimismo, valora la actividad desarrollada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Como conclusiones, el informe destaca que “en las actuaciones de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) hay una ausencia de una política pública de I+D+i seria y comprometida” y que existe una carencia de información, cuando no una desinformación, sobre la estrategia a seguir, lo que, en opinión de Aurelia Modrego, coordinadora del informe, “es la antítesis de una política orientada a generar confianza y a reducir la inseguridad e incertidumbre inherente a cualquier actividad de I+D+i”.
En lo que respecta a los PGE, el informe lamenta que “las partidas presupuestarias destinadas por el ejecutivo a la investigación científica y tecnológica, a la innovación y a la educación muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo en estos ámbitos”.
“Las partidas presupuestarias destinadas por el ejecutivo a la investigación científica y tecnológica, a la innovación y a la educación muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo en estos ámbitos”
Ante esta situación, el informe propone la creación en el Congreso de Diputados de un grupo de trabajo formado por expertos que establezca y desarrolle los elementos básicos para dotar al país de “una política de I+D+i estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España y un marco legislativo y administrativo que favorezca el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura”.
El informe advierte, además, que, a día de hoy, aún no se ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación de 2017, que según el propio Ejecutivo debería incluir las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar e impulsar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, su aplicación y transferencia.
El Plan, que fue sometido a información pública por la Secretaría de Estado de Investigación en julio de 2017, muestra, según el informe, diversas carencias, entre las que destaca su indefinición, especialmente en el ámbito presupuestario. Tal como destaca Aurelia Modrego, se trata de “un documento que es un compendio de múltiples actuaciones, que conlleva una excesiva fragmentación de la financiación y de la gestión, y cuya viabilidad está condicionada a unos recursos no especificados y a un modelo de gestión ineficiente”. Ante esta situación, la COSCE recomienda “dotar al Sistema de I+D+i de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y tecnología e Innovación y adecuar el marco normativo a las necesidades de la investigación e innovación”.
INCUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS DE INVESTIFURA
Según el informe, en lo que respecta al cumplimiento de los Pactos de Investidura, “la única constancia del cumplimiento de dichos pactos se refiere al punto 23 del documento en el que se recoge el compromiso de “Crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica”. No ocurre lo mismo con el punto 22, en el que expresamente se dice que: “Se reformará el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que responda al modelo del European Research Council (ERC) y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D”.
A día de hoy, aún no se ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación de 2017, que según el propio Ejecutivo debería incluir las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar e impulsar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, su aplicación y transferencia
Tal como se explica en el documento, “la Agencia Estatal de Investigación (AEI), creada apresuradamente el 27 de noviembre de 2015, a coste contable cero, no nació hasta el 20 de junio de 2016, cuando se constituyó su Consejo Rector” y, hasta el momento “no hay ninguna información sobre la forma y el alcance de cómo se va a realizar esta adaptación”.
La Comisión que ha elaborado el Informe DECIDES recuerda, además, que aunque desde junio de 2017, la Agencia dispone de presupuesto propio “no es más que un mero instrumento de gestión”, como se demuestra en procedimientos de la convocatoria de ayudas para personal investigador predoctoral y para proyectos de investigación que no han tenido ningún cambio a pesar de la disponibilidad de presupuesto propio por parte de la AEI.
Como recomendación para que la Agencia Estatal de Investigación tenga un papel clave en la definición de una verdadera política estatal de ciencia y sea verdaderamente independiente, la Comisión DECIDES propone “dotarla de características similares a las de otras instituciones internacionales”. A este fin, aporta un análisis de agencias nacionales de investigación de referencia como la Agence Nationale de la Recherche (ANR), el European Research Council (ERC), la National Science Foundation (NSF) y el UK Research and Innovation (UKRI).