Las prácticas de chemsex, el uso intencionado de drogas en contextos sexuales, especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH), suponen un reto creciente para los sistemas sanitarios de la Unión Europea. Así lo reflejan diversos informes y estudios recientes, que apuntan a la necesidad de una respuesta armonizada desde las políticas públicas europeas para afrontar los impactos sanitarios, sociales y comunitarios asociados a este fenómeno. En el caso de España, durante los últimos años esta preocupación ha llevado a las autoridades de salud pública a adoptar una serie de medidas.
Ante este escenario, el Ministerio de Sanidad de España ha presentado una propuesta técnica para impulsar una respuesta armonizada en el seno de la Unión Europea. El documento, elaborado por la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, en colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, plantea un conjunto de ocho líneas de actuación con ejemplos concretos de medidas a implementar desde las instituciones comunitarias y los Estados miembros.
El informe presenta la necesidad de una coordinación interinstitucional como eje central de la propuesta. España sugiere, entre otras acciones, la organización de una conferencia de consenso sobre la definición de chemsex y la creación de un grupo de trabajo europeo que facilite el intercambio de experiencias entre países. Esta homogeneización es esencial, según el informe, para evitar la atomización de esfuerzos y avanzar hacia una estrategia común, más eficaz y coherente.
España propone la organización de una conferencia de consenso sobre la definición de chemsex y crear un grupo de trabajo europeo de intercambio de experiencias entre países
En paralelo, se subraya la urgencia de reforzar la prevención selectiva e indicada, especialmente entre los colectivos más expuestos. El documento propone impulsar campañas informativas y de reducción de riesgos que tengan en cuenta la diversidad de perfiles y patrones de consumo, utilizando canales como las redes sociales y las aplicaciones de contacto. También se destaca la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones, organizaciones comunitarias y empresas del ámbito digital y del ocio.
Otro de los pilares fundamentales es la mejora del cribado, la detección precoz y el “linkage to care”, es decir, la conexión efectiva entre la detección de estas prácticas y el acceso a recursos asistenciales. La propuesta española plantea diseñar instrumentos específicos de cribado que sean culturalmente adaptados y consensuados a nivel europeo. Estos deberían implementarse en servicios clave como centros de ITS, unidades de VIH, centros de atención primaria y organizaciones comunitarias, especialmente en regiones donde las prácticas de chemsex son más prevalentes.
El documento establece que abordaje asistencial debe realizarse de forma integrada, contemplando tanto la dimensión sexual como las adicciones y la salud mental. Para ello, se recomienda establecer circuitos asistenciales claros, mejorar la coordinación entre profesionales de distintos ámbitos y explorar fórmulas innovadoras como las consultas integradas. Asimismo, se insiste en garantizar una atención equitativa, independientemente del lugar de residencia del paciente, evitando la fragmentación del sistema.
La media de tiempo desde que un usuario de chemsex comienza el consumo hasta que solicita tratamiento es de 5,7 años
La formación de los profesionales constituye otra de las áreas de actuación prioritarias. El documento aboga por una formación específica, adaptada a los distintos perfiles profesionales y centrada en un enfoque integral y no estigmatizante. España también propone actualizar los sistemas de información y vigilancia para registrar de forma más precisa las demandas asistenciales vinculadas al chemsex. La experiencia de la ciudad de Madrid, que incorporó un campo específico en el sistema de información de sus centros de atención a las adicciones, ha permitido conocer mejor el perfil de los usuarios y facilitar la planificación sanitaria. Los datos revelan que la media de tiempo desde que una persona comienza el consumo hasta que solicita tratamiento es de 5,7 años (Instituto de Adicciones. Madrid Salud, 2023). El informe apunta que iniciativas como esta podrían replicarse a escala europea.
El documento señala, además, la necesidad de impulsar la investigación sobre este fenómeno, abordando cuestiones como los patrones de consumo, los factores de vulnerabilidad, las barreras de acceso a los servicios de salud o el impacto del chemsex en distintas poblaciones. Finalmente, se destaca la importancia de integrar de forma transversal la participación de las personas usuarias y exusuarias en el diseño y evaluación de las intervenciones.
Con esta propuesta, España no solo busca promover la reflexión en el seno de la Comisión Europea, sino también poner en valor la experiencia acumulada a nivel nacional, en un esfuerzo por contribuir a una respuesta más eficaz, coordinada y respetuosa con los derechos y necesidades de las personas afectadas.