Toledo ha acogido este fin de semana las jornadas de la Organización Colegial de Enfermería bajo el lema 'Juntos, construyendo el futuro'. A lo largo de este fin de semana, se han dado cita más de 150 representantes de la organización colegial, sociedades científicas y estudiantes, que representan a casi 300.000 enfermeras. Uno de los temas tratados a lo largo de este sábado ha sido el de las consecuencias negativas que ha supuesto para la profesión enfermera la trasposición al derecho español de la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales con una norma sin rango de Ley, concretamente un Real Decreto.
En 2015 la Comisión Europea (CE) aprobaba la citada directiva, que afecta al ejercicio de todas las profesiones reguladas que existen en su territorio comunitario: enfermeros, médicos, abogados o ingenieros, entre otros. Y en lo que respecta a Enfermería, la normativa establece cuáles deben ser las competencias básicas de una enfermera generalista. Entre ellas, se incluye una competencia fundamental para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población: el diagnóstico independiente de cuidados enfermeros.
"El Ejecutivo ha actuado de forma inadmisible y contraviniendo la normativa vigente, el compromiso europeo y el sentido común"
El problema radica en que a la hora de enumerar y definir las cualificaciones enfermeras, la Directiva Europea es "mucho más innovadora" que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que, como su nombre indica, regula las profesiones sanitarias y data del año 2003. En este contexto, el Gobierno decidió incorporar el contenido de la directiva europea a través de un Real Decreto, "generando una situación de incompatibilidad jurídica que afecta de lleno a la regulación de las competencias enfermeras", apuntan desde la Organización Colegial de Enfermería.
De hecho, esta institución ya ha impugnado ante el Tribunal Supremo este Real Decreto por la vía contencioso administrativa y, este fin de semana, los presidentes de la Organización Colegial de Enfermería, las sociedades científicas y los estudiantes han decidido ir mucho más allá y presentar una denuncia ante la Comisión Europea.
Florentino Pérez Raya, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, ha señalado que el Ejecutivo ha actuado de "forma inadmisible" y "contraviniendo la normativa vigente, el compromiso europeo y el sentido común". "Para empezar, ha incumplido el plazo estipulado por la Unión Europea para que los países comunitarios adaptasen la nueva directiva a sus legislaciones. España ha sido el último de todos en trasponer la directiva, tardando más de un año y medio en hacerlo, y encima, finalmente, lo ha hecho de forma inadecuada".
Vamos a poner en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Congreso de Los Diputados una propuesta de modificación de la LOPS y la Ley del Medicamento"
Así, el presidente de los enfermeros ha explicado que el rango de norma para incorporar dicha directiva al derecho español ha sido el de Real Decreto, cuando el derecho administrativo le obligaba a hacerlo con rango de Ley. "El Gobierno debería haber incorporado esta directiva a nuestro derecho, mediante una Ley específica, primero porque está regulando las cualificaciones profesionales de todas las profesiones colegiadas, una circunstancia que afecta de lleno a la economía, a la salud, a los derechos y a la seguridad de todos los ciudadanos; y segundo, porque la directiva establece un elemento configurador de la profesión enfermera como es el reconocimiento del diagnóstico independiente de cuidados enfermeros", indica.
"Esto no solo conlleva el recurso presentado ante el Supremo y la denuncia ante la Comisión Europea, también vamos a poner en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Congreso de Los Diputados una propuesta de modificación de la LOPS y la Ley del Medicamento para adaptarlas a la nueva regulación europea. Somos 300.000 enfermeros y enfermeras, así que la inmensa mayoría de las 500.000 firmas necesarias ya están garantizadas, aún así vamos a poner en marcha una campaña informativa para explicar a la sociedad la situación y conseguir su apoyo mayoritario", sentencia Pérez Raya.