La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que se agilice el desarrollo y aprobación de los protocolos que deben dar cobertura legal a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras y enfermeros, ya que el retraso que se está produciendo en el Grupo de Trabajo creado con este objetivo ha provocado que ya haya transcurrido cerca de un año desde la fecha establecida para que estuvieran todos listos y publicados en el BOE.
La Mesa Enfermera subraya que, transcurridos cerca de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, sólo se ha publicado uno de los protocolos que deben definir las condiciones concretas en que los enfermeros y enfermeras pueden participar en el uso e indicación de los medicamentos sujetos a prescripción médica.
Una vez transcurrido ya casi un año sobre la fecha límite fijada para tener todos estos protocolos publicados en el BOE, no hay excusa para impulsarlos de forma efectiva y alcanzar el objetivo marcado lo antes posible
En este sentido, la Mesa de la Profesión Enfermera apunta que, tras los retrasos iniciales que provocaron que la primera reunión del Grupo de Trabajo se realizase un año después de la publicación del RD, ya se han presentado varios protocolos ante la Comisión Permanente de Farmacia para su consideración, los cuales aún no han sido aprobados, al parecer, porque desde la Dirección General de Salud Pública, encargada de validarlos antes de su aprobación, se ha abierto un insólito y nuevo proceso de “consultas” con diferentes entidades y asociaciones que no estaba previsto ni regulado en el Real Decreto, lo cual ha obstaculizado gravemente la agilidad de todo el proceso.
Según la Mesa, esta acción ha generado un importante volumen de alegaciones y también ha supuesto cuestionar indirectamente a las organizaciones representadas en el grupo de trabajo (y que no son otras que las que establece legalmente el Real Decreto 954/2015), frenando así el desarrollo del resto de propuestas de protocolos pendientes.
Asimismo, y entendiendo que el ánimo del Ministerio de Sanidad y del resto de los miembros del Grupo de Trabajo es el de agilizar la aprobación y publicación de estos protocolos lo antes posible, la Mesa de la Profesión Enfermera apunta que ciertas ausencias en la participación y asistencia a las reuniones del Grupo de Trabajo dificultan el consiguiente consenso a alcanzar para la aprobación del texto de los protocolos.
La Mesa Enfermera entiende que la pandemia del COVID-19 haya podido influir en el proceso de desarrollo y publicación de los protocolos, pero reitera que, una vez transcurrido ya casi un año sobre la fecha límite fijada para tener todos estos protocolos publicados en el BOE, no hay excusa para impulsarlos de forma efectiva y alcanzar el objetivo marcado lo antes posible.
La Mesa Enfermera recuerda a la titular de Sanidad que el Real Decreto aprobado en 2018 fue fruto de años de negociación para alcanzar el consenso entre los profesionales, tanto médicos como enfermeras y enfermeros, y el Gobierno
Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera pide a la ministra de Sanidad que realice las gestiones que considere oportunas a fin de acelerar el desarrollo y aprobación de los protocolos que den cobertura legal a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros y enfermeras, con el objetivo último de mejorar nuestro sistema sanitario y la atención y seguridad de los pacientes y del conjunto de la ciudadanía.
Por último, la Mesa Enfermera recuerda a la titular de Sanidad que el Real Decreto aprobado en 2018 fue fruto de años de negociación para alcanzar el consenso entre los profesionales, tanto médicos como enfermeras y enfermeros, y el Gobierno, poniendo así solución al conflicto generado en cuanto a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros y enfermeras.