Todos los partidos políticos de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, salvo el PNV, han mostrado explícitamente su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el Sindicato de Enfermería (Satse), que tiene como objetivo "garantizar la seguridad en la atención sanitaria y cuidados a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermero".
Según esta norma, se asignarían, como regla general, un máximo de seis pacientes por enfermera en unidades de hospitalización, que se reducen a dos en áreas de cuidados intensivos o críticos y a tres en áreas quirúrgicas; en Atención Primaria, no se podrían superar los 1.500 habitantes por enfermera.
No obstante, el texto establece que los criterios de estas ratios dependerían "de factores asociados a las características de los pacientes, tales como el proceso de enfermedad y la complejidad de los cuidados". Igualmente, el texto emplazaría al Ejecutivo a la revisión periódica de las ratios y a la creación de una Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras.
El texto emplazaría al Ejecutivo a la revisión periódica de las ratios y a la creación de una Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras
El presidente de Satse, Manuel Cascos, ha intervenido este martes ante la Comisión para pedir el apoyo de todos los grupos políticos a esta norma. Su intervención es el paso previo para que se pueda tomar en consideración en próximas fechas en el Pleno del Congreso, una vez que se lograron el pasado año las más de 660.000 firmas de ciudadanos y profesionales que permitieron que entrase en la Cámara Baja como Iniciativa Legislativa Popular.
En su discurso, Cascos ha subrayado que esta norma persigue garantizar la seguridad del paciente con independencia del lugar donde se viva, centro sanitario o sociosanitario donde se reciba la atención y cuidados y al margen de si eso ocurre en la sanidad pública o privada. Asimismo, ha recalcado que la norma "es más necesaria que nunca" una vez que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto que el déficit existente de enfermeros en España es el "talón de Aquiles" del sistema sanitario.
"Somos el sexto país del mundo con menos enfermeros en relación a su población, disponiendo solo de cinco profesionales para atender y cuidar a 1.000 personas, mientras la media europea es de casi nueve y hay países con más de 15 y 16 enfermeros por ciudadano", ha argumentado en este sentido.
El presidente de Satse ha recordado que esta falta "estructural e histórica" de enfermeros supone que en muchos de los hospitales haya entre 15 y 20 pacientes por cada enfermero, cuando la ratio segura está en 6-8 pacientes por cada profesional; y que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no se respete habitualmente la ratio segura de un máximo de dos pacientes asignados a una enfermero, superando con frecuencia los tres y hasta cinco pacientes por enfermero.
"Somos el sexto país del mundo con menos enfermeros en relación a su población, disponiendo solo de cinco profesionales para atender y cuidar a 1.000 personas"
En lo que respecta a los centros de salud, la asignación de pacientes por enfermero es de entre 1.600 y 1.800 personas, cuando, según Satse, no debería superar, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad, los 1.000 ciudadanos; mientras que en los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, un solo enfermero, en caso de que el centro disponga de estos profesionales, ha de prestar atención sanitaria y cuidados hasta a 100, 150 e incluso 200 residentes.
Al respecto, Cascos ha aludido a la revisión sistemática realizada de más de 100 estudios científicos que concluyen que la falta de enfermeros en los centros sanitarios incrementa el riesgo de muerte hasta en un 13% y conlleva un aumento sustancial de las infecciones en los pacientes y de la probabilidad de reingreso hospitalario, así como un incremento sustancial de los costes sanitarios, el alargamiento de las estancias y la inevitable deshumanización de la atención y cuidados.
"Tenemos el apoyo de la sociedad y hoy pedimos el acuerdo de todos los grupos para posibilitar la tramitación y aprobación del proyecto de Ley de Seguridad del Paciente y, de esta forma, garantizar y ofrecer una asistencia sanitaria y cuidados en óptimas condiciones de calidad, igualdad y seguridad para satisfacer el derecho constitucional a la salud de cualquier persona recogido en nuestra Carta Magna", ha apostillado.
Una vez debatida y aprobada su toma en consideración, la proposición de ley seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con la apertura del plazo para la presentación de enmiendas de totalidad y al articulado
Una vez debatida y aprobada su toma en consideración, la proposición de ley seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con la apertura del plazo para la presentación de enmiendas de totalidad y al articulado. Si se registra alguna enmienda de texto alternativo se votará en el Pleno de la Cámara. En caso contrario, pasará a debatirse en la Comisión correspondiente, donde se analizarán y votarán las enmiendas al articulado para elaborar un dictamen que será remitido al Senado para continuar su tramitación.