La Fiscalía provincial de Madrid ha dictado, con fecha 1 de diciembre de 2017, el decreto de archivo de la denuncia presentada el pasado mes de marzo por Amelia Corominas y varias de las personas que desde el año 2016 vienen ocupando ilegalmente los cargos de la junta de gobierno del Colegio de Murcia contra el Consejo General de Enfermería y otros cuarenta colegios provinciales.
El archivo de la denuncia ha sido firmado por el Fiscal Decano en funciones en un Decreto que ha sido enviado a los denunciantes y en el que asegura que “a la vista de todo lo anterior, no podemos hablar de que los hechos denunciados o bien constituyan infracción penal alguna, o se aporten datos como para estar en presencia de hechos concretos constitutivos de infracción penal, de manera que procede el archivo de las presentes diligencias informativas”.
Y abunda en ello al señalar también que “en cualquier caso, como decimos, tras la práctica de las diligencias de investigación, consistentes en las declaraciones de varios de los denunciados y en la solicitud de diversa documentación, no podemos extraer suficientes indicios de criminalidad como para interponer denuncia o querella ante el Juzgado por estos hechos”.
La decisión de archivo, adoptada ahora por la Fiscalía, confirma la legalidad de la gestión corporativa de más de 25 años y "desmonta la estrategia de falsedades orquestada contra la Organización Colegial y, especialmente, contra este Consejo General y sus dirigentes", según indican desde el Consejo General de Enfermería.
Para comprender las circunstancias que motivaron la interposición de esta denuncia archivada, cabe señalar que "Corominas, que dice ser Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Murcia, está ocupando ilegalmente el cargo, puesto que las elecciones que convocó para mantenerse en el mismo fueron declaradas nulas por la Resolución nº 6/2016, de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería tras recibir el recurso de un colegiado y constatarse que estuvieron plagadas de irregularidades. A día de hoy, Corominas sigue ocupando ilícitamente el cargo colegial a pesar de tener cinco resoluciones judiciales en contra: un auto del Tribunal Supremo y cuatro autos del TSJ de Madrid. Resulta evidente, por tanto, que la denuncia archivada constituía una estrategia para tratar de frenar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, algo que la señora Corominas viene haciendo de manera constante y reiterada, impidiendo la toma de posesión de la Junta de Edad que legítimamente debe ejercer sus cargos para convocar elecciones".
En este sentido, la organización de Enfermería ha destacado que "por prudencia y por respeto a la propia Fiscalía, el Consejo General de Enfermería ha guardado silencio sobre el proceso. Este silencio obedecía también a la imposibilidad de conocer, por las propias limitaciones de este tipo de procedimientos, los hechos y las concretas acusaciones formuladas".
No obstante, desde el Consejo destacan que "en los próximos días, se van a estudiar y a poner en marcha las medidas de toda índole – informativas, corporativas, jurídicas, etc…- para tratar de restaurar los daños en la imagen y en el honor de las personas a quienes tan injustamente se ha atacado y de la institución que representa a la enfermería española. Sabemos que una completa reparación no va a ser posible, pero entendemos que ni las personas, ni las instituciones ni la propia profesión se merecen estar a merced de este tipo de campañas y es necesario que así se reconozca de manera pública y fehaciente".
Así, quieren aclarar que "tras haber podido defender y demostrar su honorabilidad, el Consejo General de Enfermería y todos los que trabajan diariamente en él quieren ahora poder centrar sus esfuerzos en la que siempre ha sido y será su razón de ser: garantizar la seguridad de los pacientes y ayudar a los profesionales enfermeros a procurarles los mejores cuidados".