"Incertidumbre", así define el Consejo General de Enfermería (CGE) la situación de la Enfermería penitenciaria. No es nada nuevo, de hecho, en abril de 2019 la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (ANEP) remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y también al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, para denunciar la precariedad laboral en la que trabajan las enfermeras y enfermeros de las prisiones españolas.
"La falta de médicos y una sensación de abandono por parte de la Administracion, hacen que se vivan situaciones extremas que nos lanzan al abismo del intrusismo, de la ilegalidad y de una oscuridad intensa que no permite ver luz en el camino", indican fuentes del Consejo General de Enfermería a este diario.
Instituciones Penitenciarias plantea como solución a los problemas de la sanidad penitenciaria su transferencia a las comunidades autónomas
La solución que se plantea por parte de Instituciones Penitenciarias es la transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Dando así cumplimiento a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
Por esta razón, desde II.PP. trabajan ya en transferir las competencias a las CC.AA. para que sean estas quienes gestionen desde sus servicios de salud la asistencia sanitaria a presos, tal y como ha expresado en declaraciones a ConSalud.es, la subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria de Instituciones Penitenciarias, Carmen Martínez Aznar.
LA SANIDAD PENITENCIARIA: UNA PRIORIDAD
Hace apenas unos días, el Sindicato de Enfermería, Satse, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska que, en su nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, agilice el proceso de traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, ya que la situación de las enfermeras y enfermeros que trabajen en los centros penitenciarios es cada vez más “insostenible”.
Una vez que Grande-Marlaska ha tomado posesión de su cargo al frente del Ministerio del Interior, Satse insiste en la urgente necesidad de "dar una solución definitiva" a un problema enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos. En la actualidad, hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a 100 personas privadas de libertad.
La organización sindical reclama de nuevo a Grande-Marlaska que priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes.
Las enfermeras que trabajan en prisiones cobran cerca de 500 euros menos al mes que aquellas ejercen en los servicios de salud
La organización sindical recuerda que existe un grave déficit de enfermeras, así como de otros profesionales sanitarios, en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país, lo que conlleva una peor atención y menos segura para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en todos ellos.
El sindicato recalca que se han convertido en profesionales sanitarios “para todo”, viéndose obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…)
A nivel retributivo, Satse apunta que las enfermeras también sufren una "clara discriminación" con respecto a sus compañeros que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes y apuntan que no se tienen en cuenta tampoco las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son inherentes a su desempeño laboral.
El sindicato presidido por Manuel Cascos defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.