Finalmente, el Tribunal Supremo ha cerrado el proceso judicial sobre las elecciones al Colegio de la Región de Murcia de 2016 y ratifica que fueron ilegales, estuvieron plagadas de irregularidades y vulneraron los derechos de los colegiados.
Tras un largo proceso judicial, iniciado por Amelia Corominas y su equipo “para intentar no rendir cuentas a los colegiados por estas graves irregularidades cometidas, los Tribunales, finalmente, han echado por tierra sus argumentaciones y han confirmado las resoluciones dictadas en su momento por el Consejo General de Enfermería con el único objetivo de restablecer los derechos de las enfermeras murcianas”, explican desde el Consejo General de Enfermería.
En una providencia dictada el pasado 28 de junio y notificada a las partes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Amelia Corominas y el resto de las personas de su equipo, “los mismos que desde 2016 vienen ocupando ilegalmente la junta de gobierno y las instalaciones del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia”, apuntan desde la entidad colegial.
El Tribunal Supremo condena a Amelia Corominas y a su equipo a pagar las costas de este proceso
El Supremo rechaza los argumentos jurídicos de Corominas asegurando que “no se ha fundamentado” que concurran ni uno sólo de “los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo” y, por tanto, ni siquiera merecen “la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo condena a Amelia Corominas y a su equipo a pagar las costas de este proceso.
Este recurso de casación fue interpuesto por el Colegio de Murcia para tratar de evitar el cumplimento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado el 25 de enero de 2018, que declaró nulas las elecciones celebradas por dicha institución en 2016. La sentencia también avaló el nombramiento por parte del Consejo General de Enfermería de una Junta de Edad para convocar elecciones con plenas garantías de legalidad y transparencia.
LA JUNTA DE EDAD ES LEGAL
Como consecuencia de dicha inadmisión, el Tribunal Supremo otorga total firmeza a la sentencia del TSJ de Madrid y, en consecuencia, a la resolución adoptada por el Consejo General de Enfermería que en su día anuló las elecciones murcianas tras comprobar las graves irregularidades cometidas y la vulneración del derecho de participación de los colegiados. “De esta manera, el Supremo pone fin al proceso judicial y ratifica plenamente, sin que quepa ningún recurso jurisdiccional más, que ni Amelia Corominas ni el resto de las personas de su equipo ostentan ningún cargo colegial y carecen, por tanto, de toda legitimidad para seguir ocupando ilegalmente la sede colegial. Cabe recordar que todos ellos se han negado a cumplir las decisiones judiciales y siguen parapetados en las instalaciones del Colegio de Enfermería con guardias jurados, impidiendo la entrada de los miembros de la Junta de Edad ni siquiera para hacer gestiones como colegiados de a pie”, destacan desde el Consejo.
Desde el Consejo General de Enfermería esperan que Amelia Corominas y su equipo “acaten los pronunciamientos judiciales y abandonen de forma voluntaria las instalaciones del Colegio para evitar el espectáculo bochornoso que supondría una ejecución judicial"
La providencia del Supremo supone, asimismo, que la Junta de Edad designada por el Consejo General de Enfermería es la única que puede y debe ocupar los cargos colegiales y ostentar con ello la representación del Colegio de Murcia. Este órgano ha sido conformado con el fin último de convocar unas elecciones con plenas garantías de publicidad y de participación en dicha institución.
Desde el Consejo General de Enfermería esperan que Amelia Corominas y su equipo “acaten los pronunciamientos judiciales y abandonen de forma voluntaria las instalaciones del Colegio para evitar el espectáculo bochornoso que supondría una ejecución judicial. El Consejo General de Enfermería va a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su inmediato cumplimiento y ejecución en defensa y garantía de los elementales derechos democráticos de los colegiados”.