El Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros del Consejo General de Enfermería ha registrado un total de 1.469 agresiones en 2018. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado un mayor número de agresiones con 373, seguida de País Vasco, 184; y Castilla-La Mancha, con 145.
“Con los datos de que disponemos podemos decir que esto es sólo la punta del iceberg, hay mucho más debajo. En aquellas regiones donde hay pocos casos, las cifras nos dicen que se hace un registro insuficiente respecto a lo que está ocurriendo en la realidad, con lo que se vuelve a poner de manifiesto que hay un mal manejo de la información relacionada con las agresiones. La tipología de la agresión sigue siendo fundamentalmente verbal, en más de un 70%, mientras que la agresión física está en torno a un 30%. A nivel penal, lo que se denuncia es la agresión física, pero son muchas más las que se sufren a nivel verbal y afectan desde el punto de vista psicológico de una forma muy importante al profesional”, subraya el responsable del Observatorio, Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.
Diego Ayuso: "Con los datos de que disponemos podemos decir que esto es sólo la punta del iceberg, hay mucho más debajo"
Hace unos días, Policía Nacional también hacía balance de los datos de denuncias presentadas con un total de 298 notificaciones y 322 profesionales agredidos, principalmente médicos y enfermeros. “Esta disparidad de datos se explica por la ausencia de denuncia en Comisaría de muchas de las agresiones que sufren los enfermeros. El motivo reside en que la mayoría de los profesionales, sobre todo cuando se trata de agresiones verbales, no se atreven a denunciar y nuestro Observatorio incluye casos con denuncia y sin denuncia ante la Policía”, explica presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya.
“Sabemos que hay muchas más agresiones de las que tenemos constancia, principalmente cuando hablamos de amenazas o insultos, porque los profesionales piensan que la agresión verbal no es motivo de denuncia. Por eso, desde el Consejo General de Enfermería insistimos, una vez más, en que cualquier enfermera o enfermero que sufra una agresión, sea del tipo que sea, lo denuncie ante la propia Policía y en la Asesoría Jurídica de su colegio de Enfermería”, sostiene Florentino Pérez Raya.
Pérez Raya: “Sabemos que hay muchas más agresiones de las que tenemos constancia, principalmente cuando hablamos de amenazas o insultos, porque los profesionales piensan que la agresión verbal no es motivo de denuncia"
Para evitar esta disparidad de datos “incidimos de nuevo en la importancia de realizar un registro unificado, homogéneo, a través de nuestro Observatorio Nacional de Agresiones”, señala el presidente del CGE.
Además, la denuncia es especialmente relevante pues cualquier tipo de agresión al profesional es un accidente de trabajo. “Si como consecuencia de la agresión sufrida se deriva un problema de salud tendría la consideración de ‘enfermedad profesional’. Si no se declara la agresión, no podrán beneficiarse de la protección por contingencia profesional en el sistema de la Seguridad Social”, apuntan desde el Consejo.
CARACTERÍSTICAS DEL OBSERVATORIO DEL CGE
El Observatorio del CGE cuenta con un sistema de comunicación y registro de agresiones unificado de modo que todos los enfermeros españoles puedan comunicar su agresión de forma fácil y a través de un formulario. El documento de registro de agresiones se puede rellenar de manera sencilla en la web el Consejo General de Enfermería a través del siguiente enlace: https://www.consejogeneralenfermeria.org/observatorio-agresiones. Además del formulario, en la página web del observatorio, también es posible acceder a toda la normativa legislativa relacionada con las agresiones a enfermeras, artículos científicos de interés relacionados con este tema y a las estadísticas por años.
CÓMO PREVENIR Y ACTUAL EN CASO DE AGRESIÓN
Precisamente, para potenciar estas denuncias y lograr un conocimiento real del problema, desde el Consejo General de Enfermería se ha puesto en marcha una campaña para fomentar la denuncia de hechos de este tipo.
Esta campaña se compone de un decálogo de actuación para prevenir y actuar en caso de agresión así como un video que pretende ser una llamada a la acción para que toda enfermera que sufra una agresión física o verbal lo denuncie directamente a la Policía o a través de su Colegio y lo notifique al Observatorio Nacional de Agresiones.
En él se incluye el testimonio de Teresa Mateos, enfermera que fue agredida en dos ocasiones cuando trabajaba en urgencias. Entre las secuelas, presenta una lesión cervical que a pesar del tiempo le sigue dando problemas. Además, desde entonces, tiene “cierto temor a sufrir una nueva agresión”. En su caso, dio parte a salud laboral, en su centro de trabajo, pero reconoce que las cosas eran diferentes y entonces no lo denunció a la policía.
Para esta enfermera, uno de los motivos por los que no se denuncia se debe al temor de volver a encontrarse con ese paciente en el centro y tener que atenderle de nuevo. Aún así, tiene claro que es necesario denunciar siempre, también las agresiones verbales, ya que estas, muchas veces, “terminan en agresión física”. Asimismo, añade, “hay agresiones verbales que pueden ser tan dañinas o perjudiciales como las físicas”, sostiene.
Para potenciar estas denuncias y lograr un conocimiento real del problema, desde el Consejo General de Enfermería se ha puesto en marcha una campaña para fomentar la denuncia de hechos de este tipo
Además, fruto de la intensa colaboración que el Consejo General de Enfermería está realizando con el interlocutor policial sanitario de Policía Nacional, el programa Apple Advice, de Canal Enfermero en YouTube, dedica su próximo espacio a las principales claves que el interlocutor policial sanitario de Policía Nacional imparte en las charlas que está llevando a cabo por toda España.
El objetivo final de esta campaña, como subraya Florentino Pérez Raya, “es frenar la lacra de las agresiones al personal sanitario, ya que además de su repercusión en la salud y seguridad de los profesionales afectados, tiene capacidad para incidir de manera negativa en el desempeño de la actividad sanitaria y en la calidad del servicio asistencial que prestan a toda la ciudadanía”.