El Consejo General de Enfermería ha denunciado una vez más el abandono que sufren las enfermeras y enfermeros que trabajan en prisiones e instituciones penitenciarias en España desde hace años y acusa al Gobierno de ignorar este problema, a pesar de las promesas de solucionarlo.
Las enfermeras penitenciarias recuerdan que sus competencias se rigen por una normativa obsoleta del año 1981, “que nada tiene que ver con el trabajo que realizan en la actualidad”. “Actualmente seguimos a la espera de cualquier avance en nuestras condiciones laborales que contribuyan al aumento de nuestra motivación profesional. Continúan vigentes las funciones definidas por el artículo 324 del Reglamento Penitenciario de 1981, y nuestras condiciones económicas en cuanto al valor de la hora de guardia y a nuestro complemento específico, siguen en el mismo punto. En definitiva, el colectivo de enfermería penitenciaria sigue abandonado a la deriva”, afirma Eusebio Espuela, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (ANEP), que puso de manifiesto esta situación durante las I Jornadas Nacionales de Enfermería Penitenciaria bajo el lema ‘Pasado, presente y futuro: derribando muros, abriendo horizontes’.
“Las enfermeras y enfermeros de prisiones no pueden seguir trabajando en unas condiciones arcaicas y obsoletas. No podemos seguir manteniendo una normativa de hace 40 años"
Para el CGE, esta situación no hace más que resaltar un nuevo ninguneo de las Administraciones, que se comprometen a cambiar las cosas y ponen buena cara durante las reuniones, pero no terminan de materializarlo. ponen buena cara durante las reuniones, pero no terminan de materializarlo. “Las enfermeras y enfermeros de prisiones no pueden seguir trabajando en unas condiciones arcaicas y obsoletas. No podemos seguir manteniendo una normativa de hace 40 años. La enfermería ha ido avanzando a pasos agigantados en todos los ámbitos y para nosotros es fundamental que se trabaje para progresar como necesitan estos profesionales que trabajan en las prisiones del Estado”, subraya Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.
Además, debido a esto, el Consejo General alerta de la falta de profesionales en muchos de los centros, lo que pone en riesgo no solo la calidad de vida de los internos, sino también de los profesionales, que deben atender a un número muy elevado de pacientes, muchas veces sin los mecanismos adecuados.
“El Ministerio del Interior debe ser consciente de esta situación y debe tomar cartas en el asunto. Las enfermeras de prisiones merecen un trato justo y acorde a sus capacidades. No se puede consentir que con la formación que tenemos las enfermeras en la actualidad, en las cárceles se nos siga considerando profesionales de segunda. Es el momento del cambio”, concluye Pérez Raya.