Contra la anulación del Tribunal Superior de Justicia, que hasta ahora sólo tenía suspendida la convocatoria cautelarmente, cabe recurso de casación ante el Supremo
Y es que, como informa el diario El Norte de Castilla, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) de Castilla y León ha emitido una reciente sentencia donde declara nula dicha convocatoria. Hasta ahora, sólo estaba suspendida cautelarmente, a instancias del Gobierno central (curiosamente, del mismo color político que el autonómico), porque en la OPE se acumulaban plazas correspondientes a 2009, 2010 y 2011, y, por normativa, no se pueden ofertar plazas que lleven más de tres años sin convocarse. La anulación que dicta ahora el TSJCyL, sin embargo, no es definitiva, porque aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, y pese al revuelo que levantó la Enfermería tras la repentina paralización del examen, pidiendo incluso dimisiones políticas, ahora el sector enfermero pide a la Junta que no recurra esta sentencia, y deje que esa OPE acabe desapareciendo para siempre.
El motivo, como explica a Consalud.es Silvia Sáez, secretaria general del sindicato Satse en la autonomía, es que tras la anulación, el Gobierno regional convocó una nueva OPE para 2016, aunque con unas cien plazas menos que la que se suspendió.
SOLICITAR DAÑOS Y PERJUICIOS
Además, si la Junta recurre al Supremo, con el fin de intentar reactivar esa convocatoria, “ésta no se anularía hasta que no se dictara una sentencia definitiva, lo que podría tardar entre tres y cuatro años. Y mientras tanto, los afectados no podrían reclamar el dinero de las tasas ni los daños y perjuicios causados por la suspensión”, indica la portavoz sindical. Algo que, si se deja pasar el período para interponer el recurso de casación, sí que se podría solicitar, puesto que la convocatoria quedaría anulada definitivamente.
Por otro lado, indica Sáez, si la Junta recurre las plazas de la OPE anulada, un total de 554, estasquedarían bloqueadas hasta conocer el dictamen definitivo, “cuando lo normal es que esas plazas se incluyan en las convocatorias de los próximos años”. Para la representante de Satse, el hecho de que el Gobierno autonómico intentara por tanto desbloquear esta convocatoria “sería una mera cabezonería política, y quedaríamos nosotros entre medio. Porque además, por cuestiones legales, sería muy difícil que los tribunales le dieran la razón a la Junta”, señala.
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