Una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) revela que casi el 46 % de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental.
El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según el estudio de CSIF, en todos los ámbitos de la administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años), trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.
La encuesta, que lleva por nombre ‘¿Cómo te sientes?’ y se presenta con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de las/os empleados públicos, y se ha realizado mediante entrevistas a más de 6.300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas).
El 60% de los encuestados reconoce que necesita ayuda psicológica y el 38% se lo costea con sus propios medios
El 76 por ciento de los empleados públicos reconocen abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de psicofármacos. En este sentido, los más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (12 por por ciento) y otras sustancias (17 por ciento). En concreto, los motivos más mencionados son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral.
Además, el 60% reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados/as públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.
Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración, ya que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales.
Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña ‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas.
MEDIDAS URGENTES
CSIF ha solicitado al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental, haciendo énfasis en la necesidad de un aumento presupuestario para los servicios públicos de salud. Esta ampliación permitiría incrementar el número de profesionales especializados, particularmente psicólogos clínicos en centros de Atención Primaria y Especializada, con el fin de mejorar la cobertura de atención en salud mental. El sindicato también reclama que se amplíen las plazas de especialidad en Medicina del Trabajo dentro de las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada, así como el aumento de recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones, lo que contribuiría a fortalecer las estrategias de prevención de riesgos psicosociales en el ámbito laboral.
Asimismo, CSIF considera fundamental desarrollar mecanismos de coordinación interdisciplinar entre los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de prevención, con el objetivo de crear una red de apoyo sociosanitario profesional. Este enfoque pretende integrar esfuerzos en el cuidado de la salud mental en diferentes niveles de atención. Otra de las medidas que propone es la actualización del cuadro de enfermedades profesionales, de forma que incluya el ‘síndrome del trabajador quemado’ (o burnout) y otros trastornos del comportamiento, además de un reconocimiento efectivo de los trastornos mentales como causa de accidente laboral, ya que actualmente se registran como contingencias comunes.
Además, CSIF aboga por la implantación de programas de apoyo psicológico gratuitos en los centros de trabajo, así como de programas de formación en gestión emocional y salud mental dirigidos a trabajadores/as, para fomentar el bienestar psicosocial en el entorno laboral. Para contribuir a una mayor concienciación, el sindicato solicita campañas de sensibilización destinadas a reducir la estigmatización, promoviendo la importancia de la salud mental y una cultura inclusiva y compasiva en el ámbito laboral. En esta línea, también reclama protocolos eficaces contra el acoso, la discriminación y la violencia en el trabajo.
Finalmente, CSIF considera necesaria la implantación de políticas de rehabilitación y retorno progresivo al trabajo para los trabajadores afectados por problemas de salud mental, impulsando la aplicación efectiva de los artículos 22 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.