Un año después de que Ciudadanos y el Partido Popular firmaran el llamado “pacto de investidura”, que permitió a Mariano Rajoy salir investido como presidente del Gobierno tras las elecciones de junio de 2016, la mayoría de los aspectos acordados por el actual Ejecutivo junto al partido liderado por Albert Rivera en materia sanitaria están por cumplir.
Se trata, por un lado, del compromiso de “recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario por habitante” para tratar de llegar a los niveles previos a la crisis (los Presupuestos Generales del Estado para 2017 contemplaron un aumento del 2,3% del gasto sanitario); y el de impulsar acciones “protectoras o reparadoras” a favor de las personas afectadas por la Talidomida, “sin perjuicio de las acciones legales que se puedan emprender frente a los responsables de su comercialización”.
En este sentido, el último Consejo Interterritorial de Sanidad sirvió para que el Ministerio de Sanidad y las comunidades utónomas llegaran a un acuerdo para que se cree un registro único nacional que dé reconocimiento a estas personas, con el objetivo de garantizar compensaciones para las mismas a partir de 2018.
Por otro lado, también se ha avanzado en la implantación de la receta electrónica interoperable, pero no así en la de la tarjeta sanitaria única, otro compromiso que venía recogido en el pacto de investidura.
REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA Y MUERTE DIGNA
Entre los claros incumplimientos de estos acuerdos, por su parte, se encuentran medidas como la creación de un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, la creación de un fondo sanitario para financiar los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos; la reducción de las listas de espera, o el compromiso de garantizar launiversalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS).
A medio camino, sin embargo, se encuentran compromisos como el de mejorar “la situación contractual de los profesionales al servicio de la Sanidad Pública al objeto de acabar con la precariedad laboral y garantizar su estabilidad”, ya que el Gobierno prepara con los sindicatos una Oferta Pública de Empleo (OPE) que contempla 129.000 plazas en materia sanitaria, pero que aún está en el aire.
Por su parte, en lo que respecta al compromiso alcanzado entre el PP y Ciudadanos para “aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida”, el Congreso de los Diputados llegó el pasado mes de marzo a un acuerdo para tomar en consideración la proposición de ley presentada por Ciudadanos, aunque el debate sobre este proyecto quedó paralizado con la llegada de las vacaciones veraniegas.
La reducción de las listas de espera, la creación de un portal de transparencia del Sistema Nacional de Salud o la creación de la tarjeta sanitaria única, entre los compromisos incumplidos por el Gobierno
De esta forma, de los 11 acuerdos referentes al Sistema Nacional de Salud que contenía el documento ‘150 compromisos para mejorar España', con el que se plasmaba el pacto de investidura, apenas dos podrían darse por cumplidos, aunque no de forma completa.Se trata, por un lado, del compromiso de “recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario por habitante” para tratar de llegar a los niveles previos a la crisis (los Presupuestos Generales del Estado para 2017 contemplaron un aumento del 2,3% del gasto sanitario); y el de impulsar acciones “protectoras o reparadoras” a favor de las personas afectadas por la Talidomida, “sin perjuicio de las acciones legales que se puedan emprender frente a los responsables de su comercialización”.
En este sentido, el último Consejo Interterritorial de Sanidad sirvió para que el Ministerio de Sanidad y las comunidades utónomas llegaran a un acuerdo para que se cree un registro único nacional que dé reconocimiento a estas personas, con el objetivo de garantizar compensaciones para las mismas a partir de 2018.
Por otro lado, también se ha avanzado en la implantación de la receta electrónica interoperable, pero no así en la de la tarjeta sanitaria única, otro compromiso que venía recogido en el pacto de investidura.
REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA Y MUERTE DIGNA
Entre los claros incumplimientos de estos acuerdos, por su parte, se encuentran medidas como la creación de un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, la creación de un fondo sanitario para financiar los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos; la reducción de las listas de espera, o el compromiso de garantizar launiversalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS).
A medio camino, sin embargo, se encuentran compromisos como el de mejorar “la situación contractual de los profesionales al servicio de la Sanidad Pública al objeto de acabar con la precariedad laboral y garantizar su estabilidad”, ya que el Gobierno prepara con los sindicatos una Oferta Pública de Empleo (OPE) que contempla 129.000 plazas en materia sanitaria, pero que aún está en el aire.
Por su parte, en lo que respecta al compromiso alcanzado entre el PP y Ciudadanos para “aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida”, el Congreso de los Diputados llegó el pasado mes de marzo a un acuerdo para tomar en consideración la proposición de ley presentada por Ciudadanos, aunque el debate sobre este proyecto quedó paralizado con la llegada de las vacaciones veraniegas.