La Comunidad Valenciana ha sido la última en informar de la puesta en marcha de la figura del interlocutor policial sanitario, creada en el pasado mes de julio por los ministerios de Sanidad e Interior con el objetivo de poner freno al aumento de las agresiones a profesionales sanitarios que se han producido en los últimos años.
De esta manera son 10 las comunidades autónomas que, de alguna u otra manera, ya han informado de su completa implantación o han iniciado los trámites para hacerlo. Así, han notificado la creación de esta figura las regiones de Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia y, ahora, la Comunidad Valenciana.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha informado que ya ha designado los interlocutores de sus tres provincias; además, han apuntado que se ha realizado la "georreferencia e inspección de centros"
En meses anteriores, la Policía Nacional de que sería el comisario Javier Galván el encargado de coordinar las distintas figuras que se creen, mediante la figura del Interlocutor Nacional Policial Sanitario. En total, van a ser 55interlocutoresterritoriales los que se desplieguen por el resto del Estado (uno por cada provincia española, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otros tres para Algeciras, Gijón y Vigo).
CATÁLOGO DE CENTROS
La Comunidad Valenciana ha avanzado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han designado ya a los interlocutores de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Además, según recoge la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, también habrían realizado la “georreferencia e inspección de centros sanitarios”.
Analizar las medidas de seguridad de las que disponen los centros sanitarios y adoptar medidas de prevención, principales tareas de la figura del interlocutor policial sanitario
Esta última medida facilitará la creación de un Catálogo de Centros Médicos, actuación que ya había sido anunciada por Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, y Juan Ignacio Zoido, de Interior. El objetivo de este registro de centros públicos y privados es “analizar las diferentes medidas de seguridad de las que disponen y, de esta manera, adoptar aquellas medidas de seguridad adecuadas para la prevención y reducción del riesgo de comisión de posibles actos violentos”.
Además de ello, también se van a realizar actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios en relación a la prevención y a la autoprotección. Según ha declarado el delegado del Gobierno en esta región, Juan Carlos Moragues, “esta figura no sólo va permitir reducir las situaciones conflictivas sino también la respuesta, no sólo policial sino también de los profesionales sanitarios, ante cualquier agresión. La prevención y la comunicación constante entre los interlocutores para permitir detectar las necesidades y actuar en consecuencia”.