Pese que el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió en marzo a ponerse en contacto con las comunidades autónomas para iniciar el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria a las autonomías, tal y como aprobó el Senado, por unanimidad, en octubre de 2016, actualmente el proceso sigue sin presentar ningún avance significativo.
“Hemos tenido un posicionamiento político, pero ningún avance más. Y pensamos que el Interterritorial hubiera sido un momento ideal para que la ministra de Sanidad trasladara a los consejeros de Salud el inicio de las mesas técnicas y del proceso para la transferencia de la sanidad penitenciaria”, señala Hoyos.
Actualmente, los profesionales sanitarios de las prisiones dependen del Ministerio del Interior en todas las autonomías salvo en Cataluña y País Vasco, donde sí se produjeron las transferencias, siendo las únicas que cumplen con la Ley aprobada en 2003 que ordenaba la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes de las comunidades autónomas.
NEGOCIAR CON SANIDAD, NO CON INTERIOR
Para agilizar este proceso en el resto de regiones, la propia OMC ha creado una hoja de ruta conjunta con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP), en el que, además de realizar un estudio económico sobre los costes de esta transferencia, también propone que esta sanidad pase antes, por vía de Real Decreto, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de forma transitoria, para que, posteriormente, el Ministerio de Sanidad negocie con las autonomías la transferencia definitiva a través de las comisiones del Consejo Interterritorial.
“Es una propuesta que hacemos, porque de lo contrario tiene que ser el Ministerio del Interior el que negocie con cada autonomía esta transferencia y hacerlo desde un ministerio no sanitario. Si pasara antes por el Ingesa, el proceso sería más práctico para todo el mundo”, indica la portavoz de la OMC.
Por ahora, sin embargo, sólo Asturias ha hecho público haber intercambiado ya conversaciones telefónicas y un primer encuentro con Interior, mientras que el consejero de Salud de Navarra, Fernando Domínguez, también abordó el tema en una reciente reunión con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Por otro lado, y gracias a la mediación del colegio de médicos autonómicos, en Andalucía se ha creado un grupo de trabajo entre la comunidad autónoma y el Ministerio del Interior.
“La idea es que los médicos trabajen de forma conjunta con las consejerías de Sanidad, para que las autonomías dejen de tener miedo a la sanidad penitenciaria”, indica Hoyos, quien ha señalado que el mejor ejemplo del buen resultado que pueden tener estas transferencias, son los procesos de Cataluña y el País Vasco, “donde la sanidad penitenciaria está funcionando perfectamente, y lo único que ha aportado son cosas buenas para los profesionales y para la población penitenciaria”.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Los médicos proponen que la sanidad penitenciaria se transfiera al Ingesa temporalmente antes de que pase definitivamente a las autonomías
Así lo asegura a Consalud.es Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), quien critica que Interior no ha convocado aún ninguna reunión, que no se han formado mesas técnicas y que Sanidad tampoco se está encargando de ello puesto que el asunto no está en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Sanidad.“Hemos tenido un posicionamiento político, pero ningún avance más. Y pensamos que el Interterritorial hubiera sido un momento ideal para que la ministra de Sanidad trasladara a los consejeros de Salud el inicio de las mesas técnicas y del proceso para la transferencia de la sanidad penitenciaria”, señala Hoyos.
Actualmente, los profesionales sanitarios de las prisiones dependen del Ministerio del Interior en todas las autonomías salvo en Cataluña y País Vasco, donde sí se produjeron las transferencias, siendo las únicas que cumplen con la Ley aprobada en 2003 que ordenaba la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes de las comunidades autónomas.
NEGOCIAR CON SANIDAD, NO CON INTERIOR
Para agilizar este proceso en el resto de regiones, la propia OMC ha creado una hoja de ruta conjunta con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP), en el que, además de realizar un estudio económico sobre los costes de esta transferencia, también propone que esta sanidad pase antes, por vía de Real Decreto, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de forma transitoria, para que, posteriormente, el Ministerio de Sanidad negocie con las autonomías la transferencia definitiva a través de las comisiones del Consejo Interterritorial.
“Es una propuesta que hacemos, porque de lo contrario tiene que ser el Ministerio del Interior el que negocie con cada autonomía esta transferencia y hacerlo desde un ministerio no sanitario. Si pasara antes por el Ingesa, el proceso sería más práctico para todo el mundo”, indica la portavoz de la OMC.
Por ahora, sin embargo, sólo Asturias ha hecho público haber intercambiado ya conversaciones telefónicas y un primer encuentro con Interior, mientras que el consejero de Salud de Navarra, Fernando Domínguez, también abordó el tema en una reciente reunión con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Por otro lado, y gracias a la mediación del colegio de médicos autonómicos, en Andalucía se ha creado un grupo de trabajo entre la comunidad autónoma y el Ministerio del Interior.
“La idea es que los médicos trabajen de forma conjunta con las consejerías de Sanidad, para que las autonomías dejen de tener miedo a la sanidad penitenciaria”, indica Hoyos, quien ha señalado que el mejor ejemplo del buen resultado que pueden tener estas transferencias, son los procesos de Cataluña y el País Vasco, “donde la sanidad penitenciaria está funcionando perfectamente, y lo único que ha aportado son cosas buenas para los profesionales y para la población penitenciaria”.
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