El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2018 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). En él, la institución realiza un repaso por cuestiones de la sanidad penitenciaria como la falta de personal, la necesidad de profesionales sanitarios 24 horas o los problemas organizativos.
El informe MNP 2018 ha seguido llamando la atención a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), dependiente del Ministerio del Interior, por la insuficiente dotación de personal sanitario en los centros penitenciarios (CP) que afecta de "manera notable" a la calidad y frecuencia de la asistencia sanitaria. Además, ha continuado reclamando la presencia de estos profesionales las 24 horas del día. También ha reiterado la necesidad de establecer sistemas de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencias en todos los centros penitenciarios.
El Defensor lamenta que Instituciones Penitenciarias no haya aceptado su recomendación para que los servicios de salud de las prisiones cuenten con médicos las 24 horas del día
Según el documento, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha aceptado la recomendación referente a que las prisiones españoles cuenten con presencia de médicos las 24 horas del día.
En el caso del Centro Penitenciario de Lanzarote, alerta de que "llamó especialmente la atención" la carencia de personal sanitario facultativo. Solamente uno de los cuatro médicos previstos en la relación de puestos de trabajo se encontraba ocupado junto con otro contratado por seis meses, lo que supone una situación "evidentemente deficitaria" asegura el Defensor del Pueblo. También, puso de manifiesto una demora notable en la realización de consultas especializadas, en especial de Ginecología.
Además, indica que "es recurrente en prácticamente todos los centros penitenciarios" que no exista un sistema de registro de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencias, por lo que se insiste en la puesta en marcha de un registro de estas demandas y de cuándo se le da respuesta.
ALABA LA TRANSFERENCIA DE LA SANIDAD PENITENCIARIA
En las prisiones catalanas las competencias en atención sanitaria general y especializada está transferida al Instituto Catalán de la Salud (ICS), decisión que esta institución valora positivamente. Hay que recordar que en junio, el Defensor del Pueblo ya solicitó al Ministerio del Interior que comenzase a negociar con las comunidades autónomas la transferencia de la sanidad penitenciaria.
Pese a esto, denuncia que en el CP de Brians 2 se advirtió que no existe un protocolo de control de las personas en régimen de aislamiento, por lo que ha dirigido una recomendación al ICS con el fin de que elabore e implemente uno.
Asimismo, ha alabado la coordinación existente entre el CP de Cáceres y el Servicio Extremeño de Salud, cuyos facultativos pasan consulta periódicamente en el centro y que permiten la agilización del seguimiento del tratamiento de antiretrovirales, además del recurso a otros profesionales (odontólogos, ecógrafos, ópticos), unos con cargo a la sanidad pública y otros de atención privada. Igualmente, destaca la buena organización para la atención a drogodependientes por parte de profesionales de Cruz Roja.