El conflicto político y social surgido a raíz del proceso independentista iniciado tras el referéndum del pasado 1 de octubre ha eclipsado las reivindicaciones de los profesionales sanitarios catalanes, que han aparcado desde entonces sus protestas sindicales para centrarse en la situación política de la autonomía.

De hecho, los propios colegios de médicos catalanes están envueltos actualmente en una polémica por los posicionamientos independentistas realizados en las últimas semanas. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona aprobó el 18 de octubre un escrito en el que, entre otros aspectos, manifestaba “su disposición a que este debate no se traslade a nuestra profesión ni a la consecución de los objetivos colegiales de velar por la buena praxis médica”.

El desarrollo de la OPE del Instituto Catalán de la Salud, la publicación del decreto autonómico de prescripción enfermera o la renovación del convenio colectivo en el ámbito concertado, temas pendientes de la sanidad catalana

La intención de la corporación, sin embargo, cayó en saco roto cuando, unos días después, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), que incluye al de Tarragona, hacía explícito en un comunicado su “rechazo absoluto” a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno (comunicado del que, tras la presión de los colegiados, se ha retractado).

El escrito también había sido firmado por el Sindicato Médico de Cataluña que, desde el inicio del proceso independentista, también ha aparcado sus reivindicaciones sanitarias contra la consejería de Salud de Toni Comín, centrándose en cuestiones políticas (incluyendo su escisión de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos). Todo ello, pese que tras el verano el sindicato repasaba los temas pendientes en la sanidad catalana, como la convocatoria pendiente de las oposiciones del Instituto Catalán de la Salud (ICS) o la renovación del convenio colectivo en el ámbito concertado, algo que el sindicato prometía abordar “con la máxima dedicación”.

Tampoco han vuelto a llevar a cabo iniciativas estrictamente sanitarias las secciones catalanas de sindicatos como CSIF o Comisiones Obreras que, en el caso de este último, venía reivindicando por ejemplo la necesidad de que se reconociera como parte de la jornada laboral el tiempo de relevo entre turnos de la Enfermería.

ENFERMERÍA Y COMITÉS DE EMPRESA

Y es que, en el caso enfermero, tampoco ha habido muestras públicas de preocupación por la situación de la sanidad catalana, pese a ser una de las que más recortes ha sufrido en los últimos años y que presenta unas mayores listas de espera. De hecho, el Consejo de Colegios de Enfermería de Cataluña apoyó el manifiesto a favor de la celebración del referéndum y condenó la violencia policial durante el mismo. Frente a ello, sin embargo, el organismo no ha mostrado inquietud alguna por la situación del decreto de prescripción enfermera autonómico anunciado por Comín y que, tras su cese como consejero, ha quedado paralizado.

Los comités de empresa de hospitales como el Parc Taulí de Sabadell, el del Consorcio Sanitario de Reus, o los trabajadores de Urgencias del Hospital del Mar que publicaban en Twitter el alarmante número de pacientes que cada día estaban a la espera de una cama hospitalaria, también han aparcado sus habituales reivindicaciones sanitarias y actos de protesta.

Incluso plataformas tan beligerantes como Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre, que ha llegado a poner en ocasiones contra las cuerdas a Comín, también ha dejado de realizar críticas más allá de sus posicionamientos políticos.

EXCEPCIONES

En el ámbito de las organizaciones profesionales y sindicales que sí han continuado con sus protestas habituales pese al proceso independentista, se encuentra la llamada Rebelión de Atención Primaria, que ha seguido trabajando para reivindicar la “asfixia” que vive el primer nivel asistencial en Cataluña o el comité de empresa del Consorcio Sanitario de Terrassa, que ha seguido negociando acuerdos para recuperar la paga extra de 2012 o percibir la remuneración correspondiente al incremento salarial del 1% aprobado por el Govern.