En lo que va de año, el Gobierno adeuda a los profesionales sanitarios el aumento salarial del 2% comprometido para este 2024. Un incremento en su remuneración que el bloqueo de los nuevos presupuestos nacionales, imposibles de aprobar hasta la fecha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha dejado en cuarentena. Más aún, la deuda con el colectivo permanece ampliándose desde el 1 de enero, y alcanza en este momento alrededor de los 500 euros en el caso de los facultativos o los 250 en el de los profesionales de enfermería del Sistema Nacional de Salud.
Esta dilación en la subida del sueldo fijo de los sanitarios, recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de 2022, ha llevado a los diferentes sindicatos a alzar la voz y reclamar a los responsables gubernamentales la búsqueda de vías alternativas para solventar esta cuenta pendiente. “Se ha retrasado durante bastante tiempo por la renuncia del Ejecutivo a hacer unos presupuestos o, en su defecto, a plantear un decreto ley que permita cumplir con ese acuerdo”, clarifica a ConSalud.es Fernando Hontangas, presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSIF.
“Al final puede suponer un problema para las CC.AA. –encargadas de abonar los retrasos– cuando se encuentren con toda esta deuda acumulada que van a tener que asumir. No sé de dónde van a sacar dinero”
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios remarcan que esta subida salarial del 2% depende meramente de la existencia de una “voluntad política”, por lo que sólo queda por ver si finalmente lo acordado en 2022 “se cumplen o no lo cumple”. Asimismo, Hontangas constata que cuanto más tiempo pase hasta su aplicación, mayor será el saldo pendiente de pagar a las plantillas. “Al final puede suponer un problema para las CC.AA. –encargadas de abonar los retrasos- cuando se encuentren con toda esta deuda acumulada que van a tener que asumir. No sé de dónde van a sacar dinero”, alerta.
En este sentido, ante la obligación del Gobierno de tener que prorrogar los presupuestos del curso anterior, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, confirmó en marzo que el incremento salarial de los funcionarios se incluiría, como enmienda, en el Real Decreto Ley de Medidas Anticrisis en el que desde entonces viene trabajando el Ejecutivo. “No tenemos noticias. Existe una inacción del Gobierno muy importante, en este y otros muchos aspectos que se refieren a la función pública, como la dotación de personal o la eliminación de la tasa de reposición”, explica el responsable sanitario en CSIF.
“Existe un fuerte hartazgo entre los empleados públicos”, de manera singular en unos sanitarios que han de lidiar con la falta de plantillas y la sobrecarga asistencial"
En CSIF y el resto de sindicatos nacionales no pueden evitar que cunda el malestar por una situación que se demora más cada día que pasa. Más allá de la sucesión de elecciones que se han producido desde el inicio del año –Galicia, País Vasco, Cataluña o las europeas, recién terminadas–, que han podido retrasar la puesta en marcha de una medida de este calado, Fernando Hontangas lo achaca más a la “inestabilidad parlamentaria” que se viene viviendo en la política española, y que dificulta la capacidad de aprobar unas cuentas para 2025 que recogiese fácilmente este acuerdo.
Todo ello, lleva al sindicato nacional de funcionarios a insistir en que si aspectos como estos retrasos salariales no se solventan en un año “van a tener un problema”. En concreto, Hontangas advierte de que “existe un fuerte hartazgo entre los empleados públicos”, de manera singular en unos sanitarios que han de lidiar con la falta de plantillas y la sobrecarga asistencial –especialmente estos meses de verano-. “Tenemos responsabilidad institucional y agotaremos las vías de negociación, pero de encontrar una cerrazón al diálogo, estudiaremos la posibilidad de la huelga”, advierte el representante sindical.
"Vamos a ver si llega este Real Decreto o qué equilibrios puede hacer el Gobierno para ofrecernos concreciones; de no darse, evidentemente, tomaremos una determinación”
Antes de llegar a este punto, que desde CSIF quieren evitar a toda costa, apurarán sus opciones de abrir negociaciones con la Dirección General de Función Pública, enmarcada dentro de ese mismo Ministerio. “Depende de ellos, no de las comunidades autónomas. Vamos a ver si llega este Real Decreto o qué equilibrios puede hacer el Gobierno para ofrecernos concreciones; de no darse, evidentemente, tomaremos una determinación”, concluye el presidente del Sector Nacional de Sanidad del sindicato.