Derechos humanos en salud mental: "En Psiquiatría se acompaña, se invita a reflexionar y se propone"

La vicepresidenta de la SEPSM valora en ConSalud.es el Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental y la importancia de que los profesionales lleven a cabo buenas prácticas

La vicepresidenta de la SEPSM aborda en ConSalud.es la importancia de las buenas prácticas en Psiquiatría (Foto. ConSalud.es)
2 agosto 2024 | 11:00 h
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Son muchos los ámbitos de la medicina y la salud en los que se pueden ver vulneraciones de los derechos de los pacientes, siendo uno de ellos el de la salud mental. En la atención a la salud mental, existen ciertos automatismos que pueden suponer una vulneración, como algunos tratamientos e ingresos involuntarios. Para terminar con esto, la Confederación Salud Mental España ha publicado el Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2023. Además, también busca lograr que haya cauces para que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y cuidados conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El documento pone el foco en las contenciones y las coerciones. En Psiquiatría, la contención hace referencia al empleo de medidas farmacológicas o físicas, como la sujeción y el aislamiento, destinadas a evitar que el paciente se dañe a sí mismo o a los demás. “Se hace siempre que no haya funcionado la contención verbal y cuando la situación no ha podido controlarse de otra manera para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo o dañe a otras personas, porque su voluntad, conducta y pensamiento están influidos en ese momento por la enfermedad”, explica a ConSalud.esMarina Díaz Marsá, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM).

"Se hace siempre que no haya funcionado la contención verbal y cuando la situación no ha podido controlarse de otra manera para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo o dañe a otras personas"

La coerción, por otro lado, se entiende por la presión que se ejerce sobre alguien para forzar su voluntad o conducta. “En salud mental no debe existir, ya que en Psiquiatría se acompaña, se invita a la reflexión y se propone. El paciente tiene libertad de elegir siempre que su conducta, en algún momento agudo de la enfermedad, no ponga en riesgo su vida o la de los demás”. 

Sin embargo, el informe afirma que el empleo de medidas coercitivas que agreden la dignidad y derechos de las personas con problemas de salud mental continúa siendo una práctica común en su atención. La coerción daña la autoestima y puede ser la causa de un trastorno por estrés postraumático. De hecho, se asocia con una mayor duración de la estancia en los centros, independientemente de la gravedad del trastorno.

Para evitar todo ello, el documento busca generar buenas prácticas desde un punto de vista rehabilitador y terapéutico, para procurar una mejora de la autonomía y fomentar la inclusión social, promoviendo el proceso de recuperación. Para que las personas tengan garantizado el respeto a sus derechos, el trabajo pretende ser un instrumento de consenso con el que ir operando los cambios necesarios en las estructuras sociales. “Desde el informe se anima a que se fortalezcan las normas que garanticen los derechos y su efectiva aplicación. Sin embargo, faltaría la recomendación de reforzar el número de profesionales para asegurar mejor la atención”.

Así, desde el informe se indica que, para abordar desde un punto de vista jurídico la cuestión de los internamientos y tratamientos involuntarios en el ámbito psicosocial, es necesario partir de tres grandes ideas: la necesidad de abordar la discapacidad psicosocial desde un enfoque de derechos humanos, la existencia de un derecho a la atención integral en el marco de los derechos humanos y la singularidad de la urgencia vital en el ámbito psicosocial. Con el fin de promover la elaboración e implantación de planes de atención libre de coerciones en las residencias para personas con problemas de salud mental, la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental de la Generalitat Valenciana ha publicado la Instrucción N.º 4/202355. Su finalidad es proteger y asegurar el respeto a su dignidad inherente y el goce pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades.

"Las alternativas a la contención son el aprendizaje de desescalado verbal y contar con el personal suficiente que permita hacerse cargo de estas situaciones desde el inicio"

En lo relativo al uso de sujeciones y contenciones, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, regula el consentimiento informado exigido en toda actuación en el ámbito de la salud. Además, requiere el consentimiento libre y voluntario de la persona afectada una vez que se le ha informado oportunamente, anunciando que para la aplicación de una sujeción será imprescindible la prestación del consentimiento informado por el paciente o, en su caso, por su representante legal.

Asimismo, hay una serie de medidas que se pueden adoptar para prevenir contenciones y coerciones. “Las alternativas a la contención son el aprendizaje de desescalado verbal y contar con el personal suficiente que permita hacerse cargo de estas situaciones desde el inicio, para evitar la escalada de la conducta y posterior contención. En ámbitos domiciliarios puede ser, en ocasiones, difícil de prever, y es la familia la que solicita intervención al estar desbordados por el riesgo para ellos o para el propio paciente”. A su vez, para prevenir la coerción, “la mejor práctica es hacer un abordaje de la enfermedad mental desde la concepción bio-psico-social, tratando todos los aspectos que influyen en su presentación, desde la evidencia científica, dando información a los pacientes e implicándoles en la toma de decisiones, ofreciéndole las mejores opciones terapéuticas e incidiendo en la mejora de los aspectos sociales que influyan en su evolución”.

Con estas medidas se apunta al objetivo de erradicar la coerción de la práctica asistencial en salud mental, a fin de adoptar y consolidar un modelo en el que prime el respeto a los derechos de las personas y la búsqueda de alternativas de tratamiento más respetuosas con su dignidad. Un modelo en el que, como subraya la Instrucción, las razones de seguridad y protección dejen de ser la única o principal prioridad y que sitúe a la persona, su voluntad, sus derechos y sus preferencias en el centro de sus apoyos y cuidado.

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