Desde que en el mes de julio, el Ministerio del Interior y el de Sanidad acordaran el desarrollo  de un protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales sanitarios que, entre otros aspectos, contemplaba  la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, cuatro comunidades autónomas se han puesto en marcha para implantar este protocolo con la mayor celeridad posible.

La primera de ellas fue Cantabria donde, ya antes del verano, el Ejecutivo autonómico anunció que se implantará próximamente la figura del Interlocutor Policial  para erradicar las agresiones a los profesionales sanitarios, e incluso se designó como tal representante a Eduardo J. Frechilla, psicólogo de la Unidad Regional Sanitaria (URS), cuya misión será la de establecer contactos periódicos con las organizaciones representativas de los sanitarios para atender las preocupaciones y dificultades que se divisen en cada zona o área concreta de la región.

En Andalucía y Castilla-La Mancha se planeta la implantación de varios interlocutores policiales que actúen de forma coordinada

Posteriormente, en Extremadura el coordinador nacional del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), José Alberto Becerra, asegura que en la autonomía ya se trabaja para implantar el protocolo contra agresiones, de cara a presentarse en el mes de septiembre. Esta comunidad autónoma es la tercera donde más agresiones se producen en proporción al número de médicos colegiados, con 4,96 casos por cada 1.000 facultativos.

Tras Extremadura, Andalucía también se ha sumado a la iniciativa del Gobierno central, tal y como anunció el Consejo de Colegio de Médicos autonómico, desde donde se propone además que cada provincia cuente con un interlocutor policial y que a su vez haya otro que sirva para coordinar al resto.

Por último, esta misma semana el Gobierno de Castilla-La Mancha ya se ha sentado a hablar con los médicos y los profesionales de la Enfermería de cara a crear próximamente esta figura y también se prevé la elaboración de un catálogo y una clasificación de centros sanitarios, públicos y privados, en función de su "riesgo de acción delictiva" y de las medidas de seguridad adoptadas.

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Curiosamente, el mayor número de agresiones a médicos en 2016 se registró en Cataluña, con 109 agresiones, más del doble que el año anterior, pero en esta autonomía ni el Departamento de Salud ni el de Interior han anunciado aún medidas para tratar de paliar esta lacra para los profesionales sanitarios.