La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, su hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de las administraciones públicas. CSIF incide en dos ámbitos fundamentales: mejores retribuciones y mayor empleo de calidad.
De entrada, la central sindical espera sentarse pronto a negociar un acuerdo de legislatura con el nuevo Gobierno que permita, por un lado, recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde entonces todos los empleados públicos (12,9-17,9 por ciento).
En todo caso, el sindicato insta a que "hay que empezar a tener en cuenta estas premisas" de cara a los Presupuestos Generales del Estado para este año.
CSIF reclama un acuerdo de legislatura para subir los sueldos hasta un 17,9%, rejuvenecer plantillas y rebajar la temporalidad
También en materia de retribuciones, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento del PIB, CSIF reclama adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de la economía, con el fin de ‘blindar’ las nóminas de los empleados públicas y mantener la senda de recuperación del poder adquisitivo.
En lo que se refiere al empleo, CSIF reclama empezar a diseñar cuanto antes la oferta de empleo público de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Además, la organización sindical indica es preciso impulsar un plan de choque sobre plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas y dar salida al proceso de estabilización de plazas interinas que se encuentra paralizado en muchos ámbitos, por lo que difícilmente se alcanzará el objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento.
Otros puntos que se van a plantear son: la regulación de la carrera profesional; el desarrollo de las 35 horas; un nuevo impulso a las medidas de conciliación (desarrollo de las bolsas de horas); la adecuación de los grupos de clasificación en la función pública a las nuevas titulaciones; la jubilación voluntaria a los 60 años; adecuar los complementos de residencia e insularidad; y el desarrollo de la figura del delegado en Igualdad y Violencia de Género.
Por último, para CSIF es fundamental el reconocimiento de las lenguas cooficiales como mérito a la hora de acceder al empleo público, pero nunca como requisito.