La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado, a través de su presidente, Miguel Borra, concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias de España para los próximas días 11 de noviembre y 16 de diciembre de este año. Lo hacen en señal de protesta por el “bloqueo” en la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos, incluido, como no, el sanitario.
Y es que, denuncian desde CSIF, “sindicato más representativo en las administraciones públicas”, desde que se constituyó el actual Gobierno hace ya casi un año, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas. Por eso, insiste Borra, no descartan incluso nuevas medidas “más contundentes” en caso de que el Gobierno no reaccione. “Nos preocupa la incapacidad del Gobierno para alcanzar un acuerdo de financiación y en materia de presupuestos que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Administración General del Estado”, alerta el presidente de CSIF.
CSIF no descarta medidas más contundentes en caso de que el Gobierno no reaccione
Desde el periodo 2010/2020, recuerda el sindicato, las administraciones acumulan un déficit de 43.000 plazas, y el 60% de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años, circunstancia que “pone en riesgo” su sostenibilidad. “Además, en estos momentos se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE. Este último organismo afrontará una crisis de personal a principios de año con la asunción de competencias en materia del Ingreso Mínimo Vital”, denuncia CSIF en un comunicado.
Negociación de un nuevo acuerdo salarial; recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 “con el cobro íntegro de la paga extra”; negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; balance y culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino; jornada laboral de 35 horas e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, “así como del teletrabajo”; equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; mejora de las condiciones de jubilación; o garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, “con una adecuada financiación”; son algunos de los temas pendientes que se deben abordar “sin más demora” antes de que termine el año.
CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO
De igual manera, CSIF ha presentado un informe que muestra cómo ha afectado la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos desde los recortes de 2010, así como las diferencias retributivas entre los trabajadores de la Administración General del Estado y el resto de administraciones. Por ejemplo, los empleados públicos de esta administración cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de comunidades autónomas y ayuntamientos por el mismo trabajo.
La horquilla de diferencias salariales en función de grupos y categorías varía entre los 11.826 y 4.349 euros, en el caso del personal funcionario; y los 10.087 y los 3.523 euros, en el caso del personal laboral. Así, el estudio de CSIF calcula que el importe para lograr la equiparación salarial en la Administración General del Estado sería de 1.487 millones repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.