La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado un estudio sobre el impacto económico que supondría la implantación de la jubilación “anticipada y voluntaria para todos los trabajadores de la sanidad pública”. Una vez analizados los datos, este sindicato ha concluido que su puesta en marcha traería “ahorro”, al igual que otras ventajas.
Para su aplicación, CSIF establece una serie de de requisitos. Por ejemplo, que los profesionales tengan que cumplir al menos 60 años para poder solicitar la jubilación anticipada. Además, éstos deben tener un mínimo de 35 años de cotización en la Seguridad Social y de 25 años trabajados en la administración pública.
Esta organización sindical cree necesario que las administraciones aprueben un coeficiente reductor para los sanitarios que se exponen a agentes tóxicos y según variantes como los turnos de nocturnidad
Por otra parte, indican que con estas condiciones, el personal funcionario, laboral y estatutario de las administraciones sanitarias podrá acceder a la jubilación anticipada y voluntaria. Además, aseguran que cobrarán “el 100% que le corresponda desde el primer momento”.
De la misma manera, esta organización sindical cree necesario que las administraciones aprueben un coeficiente reductor para los profesionales atendiendo a varias variantes. Se refieren, por ejemplo, a la exposición a agentes tóxicos y peligrosos para la salud; al trabajo a turnos, la nocturnidad, en fines de semana, guardias, festivos y turnos rotatorios; el desgaste psicofísico de los profesionales de la salud; y el aumento de las cargas de trabajo.
VENTAJAS PARA CSIF
Para el sindicato CSIF, esta medida traería consigo ventajas como “un rejuvenecimiento de plantillas, facilitando el acceso a los más jóvenes, con nuevas contrataciones, ofertas de empleo público anuales o bianuales, etc”.
Además, aseguran que con ella “se subsanarían diferencias entre profesionales con características similares y la conveniencia de poder solicitar y acceder a la jubilación anticipada y voluntaria de los diferentes colectivos que desarrollan su trabajo en el sistema sanitario público, (funcionarios, estatutarios y personal laboral)”.