Los sindicatos UGT y CC.OO. han mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de presentar un Real Decreto, que trasponer una directiva europea sobre agentes cancerígenos y mutágenos, a través del cual se fijan valores límites obligatorios ante la exposición laboral para un total de 14 sustancias cancerígenas.
A pesar de que estas organizaciones sindicales consideran que la medida “mejora la anterior directiva” ya que actúa frente a 14 sustancias “frente a las tres existentes en la anterior”, el motivo de esta inquietud recae en que para estas tres sustancias ya hay establecidos en España unos valores límites obligatorios que serían más restrictivos a los que ahora propone el Gobierno.
La FeSP-UGT ha expresado su desacuerdo al considerarlo "un paso atrás en los niveles de protección de los trabajadores y trabajadoras expuestas a las sustancias cancerígenas"
En concreto, se tratan de las sustancias sílice cristalina, el bromoetileno y la acrilamida. Desde UGT han subrayado que “en España tenemos unos valores límites más bajos” para estas sustancias, mientras que con el nuevo proyecto de RD, “el Gobierno subirá los valores límites que tenemos actualmente y los equiparará a los que marca la directiva europea”.
Debido a esta circunstancia, la FeSP-UGT ha expresado su desacuerdo al considerarlo “un paso atrás en los niveles de protección de los trabajadores y trabajadoras expuestas a las sustancias cancerígenas”. De hecho, lamentan que esta población va “cada día en aumento” al haber constatado “el repunte de casos de trabajadores enfermos”.
Por estos motivos, esta organización sindical ha reclamado “que se revisen los valores límites de las sustancias cancerígenas antes de la aprobación del nuevo Real Decreto” y que “en ningún caso se incrementen”. Así, han solicitado “que la trasposición respete los valores límites vigentes en España en los casos que son inferiores a los propuestos en la directiva”.
EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Tanto CC.OO. como UGT han indicado que fue el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el que propuso la trasposición de la directiva en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tarea que debe realizar antes de enero. Los sindicatos reprochan que dicha propuesta “supone un retroceso de al menos dos décadas en el nivel de protección frente a estas sustancias”.