Un auxiliar de enfermería del Hospital General Universitario de Alicante ha sido condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, a tres años y diez meses por sustraer "al menos 135 viales de un medicamento inyectable que era una sustancia psicotrópica por su principio activo de Ketamina".
La sentencia ha sido dictada por conformidad de las partes, ya que se ha alcanzado un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas. Además se ha impuesto también otra pena de un año y dos meses de prisión a otro acusado, amigo del condenado.
El Tribunal considera al sanitario autor de un delito continuado de hurto con la atenuante de reparación del daño y de un delito contra la salud pública con la agravante de prevalerse del carácter público de su cargo. Asimismo, aplica para ambos delitos la atenuante de dilaciones indebidas.
El Tribunal considera al sanitario autor de un delito continuado de hurto y contra la salud pública
La resolución condena al otro penado por la comisión de un delito continuado de receptación, con atenuante de reparación del daño, y de un delito contra la salud pública con atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas.
Ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta al Hospital General Universitario de Alicante con 660 euros, valor al que ascendían las sustancias sustraídas.
Los hechos, según recoge la sentencia, sucedieron entre finales de 2017 y febrero de 2019, cuando el auxiliar de enfermería se aprovechó de su puesto de trabajo para sustraer, en ocasiones al descuido, al menos 135 viales del medicamento, que tenían un precio de 4,90 euros el vial.
Ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta al Hospital General Universitario de Alicante con 660 euros
Ante la sospecha de una comercialización ilícita de esas sustancias, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia que determinó que el sanitario le vendía los viales al otro condenado, al que le unía una sólida relación de amistad. A su vez, el comprador, que conocía el origen ilícito del medicamento, lo revendía a terceros a 35 euros la unidad.
En el momento de los hechos, este acusado era consumidor de estupefacientes y tanto él como el sanitario consignaron 660 euros antes de la celebración del juicio para satisfacer la responsabilidad civil en caso de condena.