El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Ciencia sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La norma logró 279 votos a favor, 63 abstenciones y ninguno en contra, por lo que ahora se inicia la tramitación en el Senado antes de su aprobación definitiva. A pesar de ello, no cuenta con el respaldo de todo el sector.
Las principales características de esta nueva ley son, según destaca el propio Ministerio de Ciencia, la habilitación de “más recursos, derechos y oportunidades al personal del ámbito público de I+D+i, especialmente a los jóvenes” y también la promoción de “nuevos instrumentos de innovación y transferencia de conocimiento”. Del mismo modo, servirá para blindar la financiación pública a la investigación.
La financiación pública en I+D aumentará “regularmente” hasta alcanzar “el 1,25% del PIB en 2030” de forma que se garantizará que sea "estable y creciente"
El apartado relativo a la financiación será uno de los más destacados. Una vez se apruebe la ley de forma definitiva, la financiación pública en I+D aumentará “regularmente” hasta alcanzar “el 1,25% del PIB en 2030”. Esta inyección económica será “estable y creciente” en función de lo acordado dentro del Pacto de la Ciencia y la Innovación.
ESTABILIDAD, ITINERARIO E INDEMNIZACIÓN
Con este texto se incorpora una nueva modalidad de contratoindefinido ligado al desarrollo de actividades científico-técnicas “para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I”. Además, estas contrataciones no estarán sujetas ni a los límites de las ofertas de empleo públicas ni a las tasas de reposición.
La norma aprobada incorpora el derecho de los jóvenes investigadores a cobrar indemnización por finalizar contratos predoctorales y posdoctorales
Por otro lado, se establece un nuevo itinerarioposdoctoral que tiene como objetivo “reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo”. En concreto, se diseñará un nuevo contrato de hasta seis años, con evaluación intermedia “que conlleva promoción y una evaluación final” que permitirá obtener el nuevocertificado R3.
Desde el Ministerio de Ciencia subrayan que este certificado “facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades”. Asimismo, se incorpora el derecho de los jóvenes investigadores a cobrar indemnización por finalizar contratos pre y posdoctorales.
ATRACCIÓN DE TALENTO Y RECONOCIMIENTO LABORAL
El texto aprobado añade facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en España y fuera de nuestro país. Además, se redefine el contrato del investigador distinguido “para atraer personal científico de prestigio”.
El texto mandata a las comunidades autónomas a incorporar categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario
Por otra parte, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero, ya que hasta ahora solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.
Del mismo modo, el personal técnico de los OPIS tendrán derechos como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. Igualmente, las comunidades autónomas deberán incorporar categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario.
MENOS CARGA ADMINISTRATIVA
Para reducir las cargas administrativas del sector de I+D+i se introducirán medidas en materia de subvenciones públicas para “facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios”.
Por otro lado, se reforzará la transferencia de conocimiento con nuevos mecanismos como el reconocimiento del sexenio de transferencia “para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad”. Además, se incluye el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.
IGUALDAD DE GÉNERO Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN
Finalmente, la norma afrontará las desigualdades de género que caracteriza al sector. Por un lado, se dará seguridadjurídica a la igualdad, asegurando un abordaje dual. Así, los agentes públicos deberán contar con planes de igualdad de género y con “protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual”. Además, se garantizará la igualdad en los procesos de selección y evaluación.