Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el próximo 28 de abril, CCOO y UGT, han destacado que la pandemia ha evidenciado la asociación indisoluble de la salud laboral y la salud pública, y la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España. Ambos sindicatos consideran que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas.
Ambos sindicatos han elaborado un manifiesto conjunto en el que afirman que este 28 de abril "no puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial, como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas solo en España".
En su manifiesto, estos sindicatos aluden también a la prevención que, a su juicio, "se ha desvirtuado y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio"
Dichas organizaciones consideran que la pandemia ha puesto de manifiesto la realidad de que la salud laboral es indisociable de la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.
Añaden que trabajadores de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, dependientes,de la limpieza, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado. "Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad", han subrayado.
En su manifiesto, CCOO y UGT destacan, asimismo que, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace 25 años, se ha desvirtuado la prevención y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, al externalizarse su gestión. Además, se han evidenciado también los vacíos institucionales y la escasa actuación pública para regular mínimamente “el mercado de la prevención” y acabar con su mercantilización.