España avanza con paso firme hacia la regulación de los medicamentos elaborados a partir del principio activo del cannabis. Tanto, que ya está en consulta pública el borrador del Real Decreto que autoriza la elaboración de fórmulas magistrales y su posterior dispensación por parte de la farmacia hospitalaria, y que deja, de momento, a la comunitaria fuera de la ecuación. Desde la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) no entienden el porqué de esta decisión, que, denuncia Eduardo Satué, miembro de su junta directiva y farmacéutico comunitario en la localidad de Maella (Zaragoza), no atiende a ninguna razón.
“No hay ninguna razón objetiva para esta limitación: ni por ventana terapéutica estrecha, ni por sistema de administración ni por problemas de elaboración, y las razones que se han dado hasta ahora no tienen ningún fundamento ni evidencia científica”, afirma Satué, quien, recuerda, el Real Decreto no incluye en ningún momento las “condiciones” que han de cumplir los servicios. “No estoy diciendo que no haya que tener precauciones con estos medicamentos, pero, por ejemplo, en farmacia comunitaria llevamos ya tiempo dispensando fentanilo y otros opiáceos, que son sustancias mucho más potentes que el cannabis”, añade.
La norma, cita el farmacéutico comunitario, tiene así varios planos a analizar. El primero de ellos es el de la elaboración de las fórmulas magistrales de los medicamentos, que, asegura, no requiere de “nada adicional” a lo que la ley y las regulaciones profesionales ya prevén: “Es un medicamento más, que tiene su monografía y que, con las buenas condiciones que hay, se puede elaborar tanto en el hospital como en cualquier farmacia comunitaria con autorización. No tiene uranio, no tiene plutonio… en este sentido no hace falta nada especial”.
"En farmacia comunitaria llevamos ya tiempo dispensando fentanilo y otros opiáceos, que son sustancias mucho más potentes que el cannabis”
Después está el de la dispensación. Hay tres grupos de medicamentos que, apunta Satué, están reservados al ámbito hospitalario: los que no se pueden administrar en casa, como los antitumorales; los que tienen una ventana terapéutica muy estrecha por las complicaciones de la enfermedad y exigen una monotorización intensa; y un tercer grupo “no oficial” que, critica el experto, es la razón por la cual “el 90% de los medicamentos que aparecen nuevos en el mercado desde hace una década están yendo al hospital”: “Aunque no esté registrado oficialmente que tiene que ser así, por razones económicas lo meten ahí, les sale más barato”.
Pero los medicamentos del cannabis, comenta Satué, no pertenecen a ninguno de estos tres grupos: “No se tienen que administrar en el hospital, no tienen excesivas complicaciones más allá de las propias de cualquier sustancia psicoactiva y tampoco parece que tengan un impacto remarcable en el presupuesto”. “La farmacia comunitaria española ha demostrado una trazabilidad absoluta con los opiáceos, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos y que les ha llevado a la situación en la que están. Aquí hay un control exquisito de quién se lleva qué en cada momento, y, además, el seguimiento se puede hacer igual que en el hospital. Es más, en la comunitaria contamos con la ventaja de tener una visión global de todos los tratamientos, incluso los que no llevan prescripción”, insiste el vocal de la SEFAC.
EL ACCESO A LA POBLACIÓN, EN ENTREDICHO
De igual manera, apunta Eduardo Satué, la limitación de estos medicamentos a la farmacia hospitalaria también supone un grave problema de accesibilidad para la población, especialmente a los que viven en zonas rurales. Y pone como ejemplo su caso particular en la localidad aragonesa, ya que el hospital más cercano, dice, lo tiene a más de 60 kilómetros: “Cada vez hay más personas que viven solas o con discapacidad y que deben ir en autobús a la ciudad porque no tienen a nadie que les lleve”. Por eso, señala el farmacéutico, lo que hay que hacer es preguntarse “quién pone la barrera y por qué”.
“Esto al final no es un problema para la farmacia, es un problema para el paciente que tiene menos movilidad y más dificultades para llegar al hospital”
Eduardo López Briz, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario La Fe de Valencia y miembro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), aseguraba recientemente a este periódico que la decisión de dejar o no entrar a la farmacia comunitaria en el proceso de dispensación es algo que depende de las comunidades autónomas, aunque desde la pandemia “se han venido estableciendo una serie de convenios entre los consejos de farmacéuticos y la red pública hospitalaria para facilitar la dispensación en proximidad”: “Es decir, el medicamento es adquirido y gestionado por la farmacia del hospital, pero se puede transferir a las oficinas de farmacia en algunos casos concretos y de acuerdo a una serie de protocolo”.
Satué, en cambio, no las tiene consigo, “porque cambiar un Real Decreto siempre es complicadísimo”: “El documento no indica que haya ningún tipo de plan asociado a eso, fases en las que se quisiera hacer esa introducción…”. Lo que sí que piensan hacer, como sus homólogos de la SEFH, es enviar alegaciones al Real Decreto ahora que está en consulta pública. “Esto al final no es un problema para la farmacia, es un problema para el paciente que tiene menos movilidad y más dificultades para llegar al hospital”, denuncia el farmacéutico.